La Legislatura de Río Negro avanza con dos proyectos de ley destinados a mejorar la situación previsional de retirados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial. Este lunes, la Comisión de Asuntos Sociales dio dictamen favorable a ambas iniciativas, que fueron fundamentadas por el director operativo de la Unidad de Trámites Previsionales de la Provincia, Rubén Calvo, quien destacó la dimensión económica y social de ambas medidas.

El primero de los proyectos busca reparar un perjuicio económico generado por la incorrecta liquidación del concepto “zona desfavorable” y plantea un beneficio extraordinario, por única vez, para los pasivos del sector. “Estamos hablando de una reparación histórica que reconoce una deuda con más de 4.000 retirados que nunca cobraron correctamente este adicional, pese a que las sentencias judiciales ya lo habían reconocido desde fines de 2023”, explicó Calvo.

Según detalló el funcionario, la medida tendrá un impacto presupuestario de alrededor de 23.000 millones de pesos, y el monto individual a percibir por cada beneficiario oscilará entre 5,3 y 6,8 millones de pesos. Al igual que sucedió con los agentes en actividad que adhirieron al régimen de la Ley 5.715, el pago se realizará en cuotas y requerirá la renuncia voluntaria a futuras acciones judiciales. “El proyecto replica las mismas condiciones que ya tuvo el personal en actividad: adhesión voluntaria, pago en cuotas y actualización del monto conforme al valor del punto policial”, agregó.

Respecto del segundo proyecto, Calvo explicó que se trata de la ratificación de un convenio firmado entre el Gobierno provincial y la ANSES para garantizar un haber previsional mínimo a los retirados y pensionados de las fuerzas provinciales. Esta iniciativa se remonta a la sanción de la Ley 5.505 en 2021, que estableció como piso el 82% del salario de un agente en actividad, pero cuya implementación se había demorado.

“Tenemos 407 beneficiarios que hoy cobran por debajo del mínimo garantizado. Con este convenio ratificado, nadie debería percibir menos de 961.000 pesos, aunque este monto se actualiza en función de los aumentos salariales. En agosto, por ejemplo, debería ser de 985.000 pesos”, señaló el titular de la Unidad de Trámites Previsionales.

El costo mensual estimado de esta medida para el Tesoro provincial será de 40 millones de pesos, y se financiará mediante un mecanismo acordado con el organismo nacional. “Este piso garantiza equidad frente a situaciones críticas, como el caso extremo de una pensión que actualmente es de solo 28.000 pesos. La provincia asume así una responsabilidad central en la protección de sus jubilados y pensionados”, indicó.

Ambos proyectos serán tratados este jueves por la Legislatura. Para Calvo, su aprobación permitirá cerrar dos de las principales demandas históricas del sector: “Estamos resolviendo los temas de mayor peso que venían desde hace años. Quedaría pendiente la cuestión de la zona austral, pero ese expediente ya está judicializado y se encuentra a la espera de una sentencia de la Corte Suprema”.

La implementación de estas iniciativas forma parte del compromiso asumido por el Gobierno provincial para regularizar el sistema previsional de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, Calvo remarcó: “Nosotros asumimos en diciembre de 2023 y fijamos como prioridad este tema. Después de más de un año de negociaciones, hoy estamos en condiciones de concretarlo”.