La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que modifica los alcances del derecho a huelga en el país. La presentación judicial incluye también un pedido de medida cautelar para suspender los efectos del decreto mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 20. En el escrito, ATE argumenta que el decreto afecta de forma “ilegal, arbitraria y manifiesta” el ejercicio del derecho a huelga, así como los principios de progresividad y libertad sindical, consagrados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales ratificados por el país.

El Decreto 340/25, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y amplía el alcance de los servicios considerados “esenciales”. Según la nueva normativa, los sectores comprendidos en esta categoría deben garantizar el funcionamiento del 75% de sus prestaciones durante medidas de fuerza, lo que implica una limitación directa a las huelgas. Anteriormente, sólo se consideraban esenciales aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de la población, conforme a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde ATE se sostiene que muchas de las actividades incorporadas al listado de servicios esenciales son prestadas por el Estado, lo que afecta de manera directa a trabajadoras y trabajadores estatales. Por esta razón, el sindicato plantea que el decreto impacta particularmente en el derecho colectivo a la protesta de su sector.

Durante la presentación pública de la medida, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, manifestó que el contenido del decreto ya había sido considerado inconstitucional en el pasado, y que el nuevo intento por reinstaurarlo representa una vulneración directa de derechos fundamentales. Asimismo, señaló que la norma fue elaborada con intereses ajenos al bienestar de quienes trabajan en el Estado.

ATE insiste en que la Justicia debe actuar con celeridad para evitar que el decreto continúe en vigencia. El pedido de medida cautelar busca suspender sus efectos hasta tanto se resuelva sobre la cuestión de fondo, en el marco de un proceso judicial que se anticipa como de fuerte repercusión institucional y política.