El Gobierno de Río Negro informó que entre septiembre de 2024 y abril de 2025 se evitó una erogación estimada en $9.825.197.652 por licencias médicas de corto plazo que no fueron convalidadas por el sistema de auditoría implementado para controlar el ausentismo en la administración pública. La presentación de estos datos se dio en el marco de los cuestionamientos del bloque legislativo Vamos con Todos, que había reclamado información sobre el contrato con la empresa Dienst Consulting S.A., adjudicataria del servicio, cuya copia fue entregada con demora y tras presentaciones judiciales.

Según el detalle oficial, el servicio de auditoría fue contratado por Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., aseguradora de riesgos del trabajo (ART) del Estado provincial. El costo mensual inicial del sistema fue de $292.000.000. Durante los ocho meses analizados, el gasto total en este control fue de $2.336.000.000, mientras que las licencias no justificadas auditadas en ese mismo período representaron un monto superior a los $9.800 millones.

La diferencia entre ambos valores fue utilizada por el Gobierno para sostener que el servicio generó un ahorro presupuestario al evitar el pago de licencias médicas que no correspondían. De acuerdo con lo informado, en el primer mes de implementación —septiembre de 2024— se detectaron inconsistencias en el 53% de las licencias revisadas, con un impacto estimado de $1.600.000.000 en erogaciones que no se concretaron.

La contratación de Dienst Consulting S.A. se dio en el marco del contrato de afiliación entre la ART y el Gobierno provincial como empleador. Según se explicó, el sistema fue diseñado para complementar el accionar de las Juntas Médicas Provinciales, que solo intervienen en casos de licencias de largo tratamiento. Hasta ese momento, no existía un mecanismo específico para controlar las licencias breves por enfermedad propia o de familiares a cargo.

La información oficial fue remitida a la Legislatura como parte de la respuesta a pedidos de informes. Desde el bloque Vamos con Todos se había señalado públicamente la falta de acceso al contrato y otros documentos vinculados a la contratación del servicio, lo que derivó en una presentación judicial. El contrato fue finalmente entregado a los legisladores luego de varios meses de reclamos.

El Gobierno indicó que el control contratado incluye la auditoría de las licencias médicas, el seguimiento de tratamientos y monitoreo del estado de salud de los agentes públicos, con el objetivo de verificar la justificación de las ausencias y ordenar el sistema de licencias. También precisó que el costo mensual del servicio, estimado en $5.615,38 por empleado (para una planta de 52.000 agentes), representa el 0,003% de la masa salarial provincial.