Organizaciones políticas, dirigentes gremiales y espacios de oposición expresaron su rechazo ante la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea proscripta por decisión judicial. A través de diversos pronunciamientos, cuestionaron el adelantamiento de un posible fallo a través de los medios y señalaron que este proceso constituye un intento de excluir a la ex mandataria de la competencia electoral.

El bloque de legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) manifestó su “más enérgico rechazo” a lo que definió como intentos de proscripción. En un comunicado difundido este jueves, advirtió que se trataría de “un nuevo episodio de persecución política”, impulsado por sectores del poder económico y judicial. Según el espacio, la figura de Fernández de Kirchner continúa siendo central para quienes buscan una alternativa al modelo económico actual, y su exclusión tendría un claro impacto en el debate democrático.

El PJ-NE alertó además sobre el contexto en el que se produce este posible fallo, señalando que “Argentina tiene una dolorosa historia de proscripciones y persecuciones a dirigentes populares”. Recordó que la ex presidenta ya fue objeto de un intento de asesinato cuyas responsabilidades aún no fueron plenamente esclarecidas, y denunció que el uso del aparato judicial para fines políticos “refleja un intento de encubrir las dificultades del actual gobierno nacional”.

En el mismo sentido, el dirigente gremial Rodolfo Aguiar expresó su repudio a la judicialización de la política. A través de sus redes sociales, consideró que “un Poder Judicial absolutamente desprestigiado y subordinado a los grandes grupos económicos” no debería tener la potestad de decidir quiénes pueden participar en elecciones. Aguiar criticó particularmente la filtración anticipada de un posible fallo, que —advirtió— podría implicar un acto de proscripción en detrimento del Estado de Derecho.

Por su parte, el Partido Justicialista distrito Río Negro también se pronunció con dureza. En su declaración pública, calificó el proceso como “un plan sistemático de disciplinamiento político” que busca eliminar a referentes populares por vías extrainstitucionales. “La condena a Cristina no es jurídica: es política”, sostuvo el documento, en el que también se cuestiona el rol de la Corte Suprema de Justicia y se denuncia la consolidación de un “suprapoder ilegítimo”.

El PJ rionegrino convocó a partidos, organizaciones y ciudadanía a rechazar la avanzada judicial, recordando que “ayer fue Perón, hoy es Cristina, mañana puede ser cualquier dirigente que defienda los intereses del pueblo”.

Estos pronunciamientos se suman en un contexto de creciente malestar entre distintos sectores del espectro político frente a la posibilidad de que una sentencia judicial condicione la participación electoral de la ex mandataria. Desde los espacios convocantes, insisten en que el debate democrático debe sostenerse en el respeto al Estado de Derecho y en la voluntad popular expresada en las urnas.