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Una amplia convocatoria de partidos, organizaciones sociales y gremiales de San Carlos de Bariloche expresó su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, que ratifica la condena en la causa conocida como “Vialidad”, fue calificada por los firmantes como un “grave retroceso jurídico e institucional” y motivó un llamado a la ciudadanía a manifestarse en defensa del Estado de derecho.
Referentes locales de sectores políticos y sindicales sostienen que la resolución del máximo tribunal presenta “inconsistencias jurídicas significativas” y se basa en una interpretación que carece de pruebas fehacientes sobre la participación directa de Fernández de Kirchner en los hechos investigados. En este sentido, cuestionan la utilización de la figura de “responsabilidad objetiva” como fundamento central del fallo, señalando que ello implica “una vulneración de principios básicos del derecho penal, como la presunción de inocencia”.
Entre los puntos críticos señalados se menciona el rechazo por parte del tribunal a considerar la falta de sustento probatorio en la acusación inicial por asociación ilícita, lo que derivó en un cambio de calificación que no fue acompañado por nuevas pruebas. Para las organizaciones firmantes, esto configura un escenario de “judicialización de la política” que podría tener consecuencias negativas para la democracia.
“Este fallo no fortalece las instituciones, sino que habilita un uso del sistema judicial como herramienta para proscribir a dirigentes que representan intereses populares”, sostienen las agrupaciones en el documento difundido y confirmado a este medio por fuentes sindicales de Bariloche. La posición fue acompañada por partidos como el Justicialista, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Kolina y el Partido Comunista, así como por espacios de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y sindicatos de base.
Desde la CTA de lxs Trabajadorxs y la CTA Autónoma de la Zona Andina, con representación de gremios como ATE, UnTER y SITRAJUR, también se pronunciaron en contra de la decisión judicial. Patricia Reinahuel (ATE Bariloche), Jorge Molina (CTA de lxs Trabajadorxs) e Isabel Molina (CTA Autónoma) coincidieron en que el fallo “afecta la legitimidad del sistema democrático” y pone en riesgo el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas.
Asimismo, dirigentes con mandato cumplido como los legisladores provinciales Jorge Vallazza y Ramón Chiocconi, la exintendenta María Eugenia Martini y el exdiputado Julio Accavallo, se sumaron al repudio. También lo hicieron representantes actuales como la senadora nacional Silvina García Larraburu y la legisladora provincial Ana Marks, quienes señalaron que la sentencia “consolida una doctrina regresiva en materia penal, como la culpabilidad por omisión impropia”.
La convocatoria a un estado de “alerta y movilización permanente” incluye el llamado a todos los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos a rechazar la que consideran una “ofensiva proscriptiva”. En el comunicado se advierte que el precedente puede afectar a cualquier dirigente que, en el futuro, represente intereses contrapuestos a los del actual gobierno nacional o de sectores concentrados de poder.
“Primero fue Perón, hoy es Cristina. Mañana puede ser cualquiera”, señala el documento, en alusión a otros procesos de persecución política a lo largo de la historia argentina. Los firmantes aseguraron que continuarán promoviendo acciones públicas para “denunciar la persecución judicial como herramienta de disciplinamiento político” y en defensa de la democracia y las garantías constitucionales.
8 julio 2025
Río Negro