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Con pocos afiliados presentes —en su mayoría cercanos a la actual conducción gremial encabezada por Gustavo Morón— este jueves la asamblea extraordinaria del gremio legislativo APEL volvió a dejar más dudas que certezas. La reunión pasó a cuarto intermedio luego de abordar como tema central la venta de 13 de los 14 terrenos ubicados frente al barrio Jardín, presuntamente para cubrir deudas y juicios que arrastra el sindicato. Según trascendió de fuentes fidedignas, no hubo tratamiento sobre la situación salarial que afecta a trabajadores de la Legislatura.
La propuesta de enajenar esos bienes despertó inquietud entre algunos afiliados, no solo por la falta de información sobre el destino de los fondos, sino también por los antecedentes de manejos irregulares que arrastra el gremio. Una moción planteada por una afiliada exigió que, antes de avanzar con la venta, se solicite autorización a la Fiscalía de Estado, amparándose en la ley del fondo de viviendas. La conducción aceptó incluir esa condición, la moción fue votada y con eso se resolvió pasar a cuarto intermedio.
También se discutió la posible venta de muebles en desuso, aunque el eje del encuentro giró exclusivamente en torno a los terrenos, sin mencionar en ningún momento el deterioro salarial que padecen los trabajadores legislativos. Esta omisión no pasó desapercibida entre los empleados que, desde hace meses, ven cómo sus ingresos pierden frente a la inflación.
Recién horas después, y según mensajes que circulaban entre los afiliados, se conoció la oferta salarial trasladada en la reunión paritaria de ese mismo día: un 1% para junio, otro 1% para julio y un 1% para agosto. El magro 3% acumulado fue rechazado de plano y la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el martes. “A tener paciencia, tenemos tiempo hasta fin de mes para cerrar”, fue el escueto mensaje que transmitió la conducción, sin ninguna convocatoria formal para socializar la propuesta entre los afiliados.
El tratamiento de los terrenos reavivó viejos fantasmas en el gremio. Se trata de inmuebles vinculados al fallido proyecto del fondo de viviendas que en su momento estuvo a cargo del exsecretario general Alejandro Gatica. Condenado penalmente por “administración infiel y abuso en perjuicio de una administración pública”, Gatica fue exonerado de su puesto en la Legislatura luego de que la Cámara Laboral le quitara la tutela sindical y confirmara su responsabilidad en el manejo irregular de fondos destinados a viviendas para trabajadores legislativos.
Gatica, que aceptó los hechos en un juicio abreviado, fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso y obligado a pagar 15 millones de pesos como reparación al Estado. Su caso, aún fresco en la memoria de la base gremial, sigue marcando la desconfianza de muchos trabajadores frente a cualquier intento de enajenar patrimonio sindical sin un debate transparente y participativo.
La asamblea dejó en evidencia el creciente malestar que se vive en el ámbito legislativo. Mientras los salarios siguen perdiendo frente a la inflación y los bienes del gremio podrían terminar vendidos para cubrir responsabilidades mal gestionadas, un sector de afiliados comienza a exigir mayor claridad, representatividad y decisión frente a un escenario de ajuste y retroceso en las condiciones laborales
8 julio 2025
Gremiales