El personal de servicios de apoyo escolar de Sierra Colorada, afiliado a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), solicitó formalmente la intervención de la ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos, para que se deje de aplicar descuentos en sus haberes por inasistencias vinculadas a razones médicas.

A través de una nota enviada el pasado 9 de junio, los trabajadores expusieron una situación que califican como injusta y recurrente: el descuento de días por enfermedades propias, de hijos, padres o por acompañamiento en situaciones especiales, aun cuando en la localidad no se cuenta con condiciones mínimas para el cuidado de la salud.

“En Sierra Colorada no hay laboratorio para controles de enfermedades crónicas ni especialistas como pediatras, cardiólogos, médicos clínicos, ginecólogos o gastroenterólogos”, advierten en la presentación. “Tampoco contamos con una farmacia donde acceder a tratamientos”, agregan.

Las consecuencias son concretas y afectan tanto la salud como la estabilidad económica de los trabajadores. Describen casos como el de una madre que debió interrumpir el posoperatorio de su hija para regresar antes de tiempo y no seguir acumulando descuentos. También denuncian que muchos trabajadores deben optar entre postergar estudios médicos o usar sus días de licencia anual para realizarse controles.

En la nota, se detalla el complejo esquema de transporte al que deben adaptarse para poder viajar a otras localidades donde sí existe atención médica. “Tomamos un micro a las 00:50, llegamos a Los Menucos a la 1:30 y debemos esperar hasta las 4 para seguir viaje a General Roca. Si el turno es a la tarde, ya perdimos el micro de regreso y debemos pasar la noche en una terminal hasta poder volver”, explicaron.

“Una simple mamografía implica dos días fuera del trabajo. Si además queremos consultar a una ginecóloga para llevar los resultados, es otra historia”, relatan. Las trabajadoras aseguran que muchas han suspendido sus controles preventivos por temor a los descuentos.

Desde UPCN subrayan que esta no es la primera vez que reclaman una revisión de los criterios para aceptar certificados médicos, y que esta situación vulnera el derecho a la salud en una localidad con condiciones estructurales adversas. También recuerdan que los bajos salarios se ven agravados por el aumento del costo de vida, en particular del gas, esencial en la región por las temperaturas extremas.

El sindicato espera una respuesta favorable del Ministerio de Educación y que se atienda este reclamo como un problema de equidad y derechos laborales en contextos donde el acceso a la salud no puede darse por sentado.