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La Justicia Laboral falló a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al suspender los efectos del Decreto 430/25, que pretendía eliminar el Día del Trabajador Estatal, celebrado cada 27 de junio. El recurso de amparo presentado por el sindicato fue admitido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3, con la firma de la jueza Moira Fullana, quien determinó que los efectos del decreto quedarán suspendidos hasta la sentencia definitiva.

La medida, que fue solicitada por ATE como parte de una defensa contra lo que consideran un ataque a los derechos de los trabajadores públicos, fue celebrada por el sindicato en el marco de su 68° Congreso Nacional. En este contexto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, se mostró enfático en señalar que la decisión judicial responde a un límite necesario frente a un presidente que, según él, ha mostrado abiertamente su deseo de ser "cruel con los empleados públicos". La disputa entre Aguiar y el presidente se había intensificado en los últimos días, con duros cruces mediáticos sobre el tema.

"Hoy le pusimos un límite a los desquiciados que nos gobiernan", expresó Aguiar, quien remarcó que esta resolución judicial representa una respuesta institucional frente a los ataques del gobierno nacional. El líder sindical también destacó que este fallo envía un mensaje claro de resistencia y reafirmación de derechos frente a las políticas que buscan estigmatizar a los empleados del Estado. “El Empleo Público ha ganado una batalla en la guerra contra la estigmatización”, concluyó Aguiar, dejando en claro que la lucha por los derechos de los trabajadores continúa en pie.

El 27 de junio había sido establecido como Día del Trabajador Estatal por la Ley 26.876 en 2013, en conmemoración de la adopción por la OIT del Convenio Nº 151, que regula la negociación colectiva en el sector público. El decreto 430/25, que derogaba esta fecha, había generado un amplio rechazo en los sectores sindicales, que consideran esta fecha un derecho irrenunciable de los trabajadores del Estado.

Desde el ámbito judicial, la decisión se basa en que la medida cautelar suspende la aplicación del Decreto hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. La demanda interpuesta por ATE también señala que el Decreto viola derechos laborales fundamentales, como el derecho al descanso y a un salario justo, protegidos por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales, como el Convenio 87 de la OIT.

La disputa entre el presidente y Aguiar, que se intensificó en las últimas semanas, dejó al descubierto las diferencias entre el poder Ejecutivo y los sindicatos del sector público. Mientras el presidente insiste en la necesidad de reformas que consideren el ajuste en el sector estatal, Aguiar y ATE defienden con firmeza los derechos de los trabajadores, advirtiendo que seguirán luchando en todos los frentes para defender sus conquistas laborales.

El fallo judicial marca una victoria parcial para ATE, aunque la batalla legal está lejos de haber terminado. Mientras tanto, los trabajadores del Estado pueden celebrar su día con la seguridad de que la justicia ha detenido momentáneamente los intentos del gobierno de anular un derecho laboral histórico.