"Presenté una nota para que me informen el estado de las denuncias que hemos hecho, entre ellas la del caso de una docente fallecida, y todavía no tengo respuesta", sostuvo Delgado Sempé. Y agregó con dureza: "La función que está cumpliendo hoy Cardell es muy deficiente. No investiga. Si la denuncia la hace un intendente del oficialismo, se buscan pruebas. Si la hacemos desde la oposición, se archiva sin más".

Según relató el legislador, en el caso de la docente fallecida, la Fiscalía archivó la causa "con una simple nota de Función Pública", sin indagar las condiciones en las que trabajaba la mujer. “Estaba en una residencia que no tenía ni rampa ni baño para discapacitados. La tenía que ayudar el taxista con el andador para llegar. Me lo dijo en audios que conservo, pero tenía miedo de hablar por temor a represalias”, detalló.

Delgado también cuestionó el accionar de la Fiscalía en la investigación por la venta del avión sanitario adquirido en 2022: “Se investigó solo a los funcionarios que ya no estaban en gracia con el gobernador, como si el resto no tuviera responsabilidades. El secretario general que firmó la licitación hoy es legislador y ni siquiera fue citado”.

Además, recordó que ha denunciado que el avión fue vendido por "especie", con condiciones desventajosas, y que su funcionamiento actual genera costos innecesarios para el Estado: “Viene con horas muertas, pero se cobran como si trajeran pacientes. Es como si compraras un auto de alta gama que casi no se usa, pero lo pagás igual”.

Frente a este panorama, el legislador confirmó que este martes a las 8:30 ingresó una nota formal a la presidencia de la Legislatura solicitando una sesión. “Nos pagan para sesionar y debatir. Hay temas urgentes, y la inactividad no se puede justificar más. Hay que tratar los proyectos, aunque generen incomodidad”.

En paralelo, Delgado Sempé impulsa un proyecto para incorporar seguridad privada sin armas en las escuelas, como respuesta a los crecientes hechos de violencia contra docentes.

“El contexto cambió. Antes, si la maestra te retaba, tus padres te reprendían. Hoy, los padres van y agreden al docente. Eso hay que debatirlo. Sé que es un proyecto polémico, pero tenemos que empezar a proteger a los trabajadores de la educación”, sostuvo.

La iniciativa incluye sanciones para padres o tutores que agredan a docentes, que podrían ir desde tareas comunitarias hasta multas económicas o, en el caso de empleados públicos, la pérdida del empleo. La autoridad de aplicación será definida en la reglamentación, aunque se anticipa que podría recaer en el Ministerio de Educación o el de Justicia.

Además, se busca que el personal de seguridad esté especialmente capacitado para intervenir en entornos escolares. “La idea es que se incorpore en escuelas que realmente lo necesiten, en grandes ciudades como Roca, Bariloche o Viedma”, explicó.

Por otra parte, celebró la aprobación de un proyecto de su autoría —junto a las legisladoras Yolanda Mansilla y Fernando Enrique— que establece la capacitación obligatoria en trato digno a personas mayores para quienes trabajan en atención al público.

“Ya está en marcha. Ahora estamos coordinando con la Universidad Nacional de Río Negro y el Observatorio de Personas Mayores para implementar el curso”, explicó, y precisó que se priorizará su aplicación en organismos públicos, bancos y geriátricos.

Finalmente, pidió coherencia en la labor legislativa: “El reglamento interno exige que los proyectos que no comprometen las arcas provinciales se traten en 20 días. Si un proyecto incomoda, hay que debatirlo y, si corresponde, rechazarlo con argumentos, pero no puede ser que ni siquiera sesionemos”.