El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro realizó este martes una nueva audiencia en el marco de la causa por el homicidio culposo de Gabriel Mandagaray, joven que falleció en abril de 2021 durante un curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) en Bahía Creek. En el encuentro, que se extendió por más de cuatro horas, las defensas de tres de los condenados, la Fiscalía General y la querella presentaron sus alegatos ante el máximo tribunal.
Mandagaray perdió la vida mientras realizaba ejercicios de entrenamiento en condiciones extremas. La investigación judicial estableció responsabilidades penales en los instructores y en el coordinador del curso. En primera instancia, cuatro efectivos fueron condenados por abuso de autoridad y homicidio culposo. Esa sentencia fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Impugnación (TI), pero posteriormente el STJ la anuló al considerar que no se habían analizado de manera adecuada los planteos de las defensas, y ordenó una revisión integral.
Un segundo TI revisó el caso en 2024 y ratificó las condenas, señalando que las condiciones inhumanas de entrenamiento, sumadas a la imprudencia y negligencia de los responsables, fueron determinantes en la muerte del cursante. Frente a esa resolución, las defensas de Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez interpusieron recursos extraordinarios que ayer fueron debatidos en audiencia pública.
Los abogados particulares cuestionaron la fundamentación del fallo y aseguraron que no se acreditó el vínculo causal entre las conductas de sus defendidos y el resultado fatal. Sostuvieron que no hubo un análisis integral de la prueba y plantearon la absolución o, en su defecto, la nulidad de la sentencia. El Defensor General, en representación de Méndez, argumentó además que la acusación no individualizó con precisión la participación de cada imputado y que su defendido solo cumplió órdenes de un superior jerárquico.
Por su parte, la Fiscalía rechazó los planteos y sostuvo que en el debate quedó acreditado que los imputados incumplieron normas, desvirtuaron los objetivos del curso, omitieron proveer alimentos y llevaron adelante prácticas indignas, lo que generó un riesgo no permitido. “Los acusados actuaron con imprudencia y negligencia, y su responsabilidad en el resultado mortal fue clara”, señaló el fiscal, al tiempo que destacó que se ponderaron tanto agravantes como atenuantes al momento de fijar las penas.
La querella, que estuvo acompañada por la pareja y los padres de la víctima, coincidió en solicitar la confirmación de las condenas dictadas por el Tribunal de Impugnación.
El Superior Tribunal de Justicia informó que el fallo será dado a conocer el próximo 15 de octubre a las 12 horas.
5 diciembre 2025
Judiciales