El Tribunal de Impugnación ratificó la responsabilidad penal de los acusados y redujo la pena de uno de ellos

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El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó las condenas a cuatro integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) por la muerte de Gabriel Mandagaray, ocurrida en abril de 2021 durante un curso de capacitación. La decisión judicial reafirma que el fallecimiento del aspirante no fue un hecho aislado, sino el resultado de condiciones extremas de entrenamiento, negligencia y abuso de autoridad por parte de sus superiores.

El fallo rechazó los recursos de impugnación presentados por las defensas de Maximiliano Vitali Méndez, Alejandro Gabriel Gattoni y Alfredo Roberto Nahuelcheo, quienes habían sido condenados por abuso de autoridad y homicidio culposo. No obstante, en el caso de Marcelo Ariel Contreras, el Tribunal hizo lugar parcialmente a su pedido y redujo su pena a tres años de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitarlo para el ejercicio de funciones policiales.

De acuerdo con la investigación judicial, Mandagaray murió ahogado luego de ser sometido a un entrenamiento extremo sin medidas de seguridad adecuadas. Testigos declararon que el joven aspirante se encontraba agotado y que, al ingresar al mar con el equipo completo, comenzó a hundirse mientras pedía auxilio. A pesar de los intentos de sus compañeros por ayudarlo, la asistencia se demoró y el desenlace fue fatal.

El Tribunal concluyó que los instructores tenían pleno conocimiento de los riesgos a los que exponían a los cursantes y que el resultado era previsible y evitable. Entre las irregularidades detectadas, se destacó que Gattoni, coordinador del curso, modificó sin autorización el lugar del entrenamiento, aumentando la peligrosidad del ejercicio. Además, se acreditó que Méndez y Nahuelcheo participaron en dinámicas de sometimiento que incluyeron prácticas humillantes, como obligar a los aspirantes a untarse excremento en el rostro.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es que no se trató de un único episodio de negligencia, sino de una serie de decisiones erradas que generaron un contexto de abuso y riesgo extremo. Con la confirmación de las condenas, la justicia reafirma la responsabilidad de los instructores en la muerte de Mandagaray y sienta un precedente sobre los límites en los entrenamientos de fuerzas especiales.