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La Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB) enfrenta una deuda que supera los 223 millones de pesos, lo que derivó en un proceso de ejecución fiscal y en la posibilidad de embargo de bienes. La situación involucra directamente a los asociados, ya que la obligación corresponde al servicio de electricidad que la entidad brinda en la ciudad.
De acuerdo con un documento emitido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de San Carlos de Bariloche, el monto total corresponde al impuesto al valor agregado (IVA) no abonado en la declaración jurada de mayo de 2025. La boleta oficial, identificada con el número 723/06471/001/2025 y fechada el 20 de agosto, detalla que la deuda incluye 194 millones de pesos en concepto de IVA y más de 29 millones por intereses resarcitorios, punitorios y costas.
El escrito oficial precisa además que la presentación de la declaración jurada se realizó el 3 de julio, es decir, diez días después del vencimiento fijado para el 23 de junio. Este retraso administrativo quedó asentado en el expediente y es uno de los puntos señalados como parte de la desprolijidad en la gestión contable de la cooperativa.
La deuda se encuentra bajo la supervisión de la representante del Fisco, Roxana Karina García, autorizada para ejecutar judicialmente el cobro del impuesto conforme a los artículos 92, 96 y 97 de la Ley 11.683. El procedimiento legal podría avanzar hacia el embargo de bienes de la entidad si no se regulariza la situación.
Desde el espacio opositor interno “Lista Blanca” vincularon la deuda con lo que describen como una falta de control y transparencia en la actual conducción de la CEB. En sus planteos recordaron antecedentes de juicios previos con Telecom y Apuaye, a los que suman ahora el caso de la Agencia de Recaudación, como parte de un patrón de problemas financieros.
En las denuncias también se advierte que el Consejo de Administración de la cooperativa no recibe información sobre Angostura Video Cable (AVC), empresa controlada por la CEB, desde hace ocho meses. Incluso la comisión fiscalizadora habría visto restringido el acceso a los datos, lo que profundiza los cuestionamientos sobre la transparencia en la administración.
La vinculación entre la CEB y AVC hace que cualquier deuda de esta última impacte en forma directa sobre la situación financiera de la cooperativa y, en consecuencia, sobre los usuarios barilochenses. En este contexto, la obligación impositiva revelada por el organismo de recaudación abre un nuevo frente de preocupación para miles de asociados que dependen de la empresa de servicios públicos.
5 diciembre 2025
Río Negro