El Gobierno de Río Negro informó que, en el marco de su política de ordenamiento de la administración pública, la Junta de Disciplina provincial aplicó 513 sanciones entre 2024 y lo que va de 2025. Las medidas incluyeron 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, sobre un total de más de 900 expedientes tratados durante el período.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, los procesos disciplinarios se desarrollan con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente del Estado y asegurar condiciones laborales justas. La secretaria del área, Tania Lastra, explicó que las sanciones “reflejan la continuidad de la política de ordenamiento estatal” y subrayó que el propósito es “respaldar a las y los trabajadores que cumplen con sus tareas y garantizar que cada salario se corresponda con un servicio efectivo”.

Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios administrativos y se dictaron 86 suspensiones preventivas. En el mismo período, 70 agentes fueron sobreseídos tras comprobarse la inexistencia de faltas, y 193 expedientes fueron archivados por falta de mérito. Cada sanción, precisaron desde el organismo, surge de un proceso formal que incluye la apertura de un sumario, una investigación interna y el derecho a defensa de la persona involucrada.

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia variedad de situaciones, desde faltas graves como ausencias injustificadas, negligencia en la gestión o abandono del servicio, hasta conflictos interpersonales y denuncias por malos tratos o agresiones en el ámbito laboral.

Las sanciones más severas incluyen la cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado luego de cinco años, y la exoneración, que conlleva la inhabilitación definitiva para desempeñarse en la administración pública. Esta última se aplica en casos de extrema gravedad, como delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, se dispuso la exoneración de un agente condenado por violencia de género.

La Junta de Disciplina es el organismo responsable de resolver los procesos sancionatorios. Está integrada por un presidente abogado, dos vocales designados por el Poder Ejecutivo y dos representantes gremiales, uno por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y otro por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), lo que garantiza la participación sindical y la transparencia en las decisiones.

Finalmente, Lastra destacó que el fortalecimiento institucional “implica corregir las irregularidades, rendir cuentas y reconocer el compromiso de las y los agentes que sostienen los servicios públicos a diario”.