Desde comienzos de 2024, el Gobierno de Río Negro aplicó un total de 428 sanciones disciplinarias a empleados públicos provinciales por diversos incumplimientos laborales, en el marco de lo establecido por la Ley Nº 3487 del Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública.

Entre las sanciones impuestas se registraron 74 cesantías, 4 exoneraciones —la medida más grave dentro del régimen disciplinario— y 350 suspensiones que oscilaron entre 1 y 30 días sin goce de haberes. Todas fueron dictadas por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Tania Lastra, como parte de una política activa para mejorar la gestión estatal.

“Las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores y trabajadoras que cumplen con responsabilidad su tarea cada día”, sostuvo Lastra, quien defendió la necesidad de actuar con firmeza ante las faltas graves.

Durante el mismo período se iniciaron 144 sumarios administrativos, se dictaron 71 suspensiones preventivas —una medida provisoria que se aplica cuando la permanencia del agente podría entorpecer la investigación— y se emitieron 21 apercibimientos. A su vez, se cerraron 37 expedientes con sobreseimiento de los agentes involucrados.

Las faltas más frecuentes tienen que ver con inasistencias reiteradas, llegadas tarde y conflictos laborales. En los casos más graves, que derivaron en cesantías o exoneraciones, se detectaron abandonos de servicio y condenas penales.

Las decisiones disciplinarias son el resultado de un proceso interno que comienza con la detección de una presunta falta, continúa con un sumario instruido por personal especializado, y concluye con la intervención de la Junta de Disciplina, compuesta por representantes del Poder Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN.

“La Junta actúa con criterios claros, garantizando procesos justos y decisiones fundadas en la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y el perjuicio ocasionado al Estado”, explicó la funcionaria.

La cesantía implica la desvinculación del agente con posibilidad de reincorporación pasados cinco años. La exoneración, en cambio, significa la separación definitiva y se aplica ante delitos dolosos con condena firme o hechos contra la administración pública.

Lastra concluyó que “corregir lo que está mal también es rendir cuentas a cada rionegrino y rionegrina que, con esfuerzo, paga sus impuestos para que el Estado funcione. Ese salario debe ser el resultado de un trabajo real y de una tarea bien hecha”.

Desde la Secretaría de la Función Pública destacaron que el objetivo es fortalecer las instituciones, prevenir irregularidades y mejorar la calidad del servicio público, en un contexto donde el cumplimiento efectivo del deber cobra centralidad frente a las demandas sociales