Por Lorena Matzen*

Lo ocurrido en el Congreso Nacional durante el debate del Presupuesto no fue una discusión técnica ni un desacuerdo menor. Fue una señal política clara: el intento del Gobierno de avanzar sobre derechos sensibles encontró un límite institucional.

No se trató de “un artículo más” ni de una corrección secundaria. El Capítulo XI del proyecto proponía derogar normas vinculadas a la discapacidad y al financiamiento de las universidades públicas. En términos concretos, implicaba debilitar marcos legales que garantizan derechos básicos y trasladar el costo del ajuste a sectores que ya enfrentan profundas desigualdades.

Frente a ese intento, el Congreso debatió y rechazó el capítulo completo. Dijo NO. Y ese “no” tuvo un significado preciso: los derechos no se ajustan.

La discapacidad no puede ser tratada como una variable contable. Detrás de esas leyes hay personas y familias que dependen del acompañamiento del Estado para acceder a tratamientos, apoyos, educación y cuidados. Reducir ese respaldo no es eficiencia fiscal; es desprotección y desigualdad.

Lo mismo ocurre con la universidad pública. Para miles de familias argentinas sin recursos, la educación pública no es una consigna ideológica, sino la única posibilidad real de progreso. Es el hijo o la hija de trabajadores que accede quizás, por primera vez, a una carrera universitaria. Es movilidad social concreta, no un concepto abstracto.

Recortar el financiamiento universitario no es ajustar un sistema: es cerrar oportunidades. Es limitar el acceso al conocimiento, debilitar la formación profesional y afectar una herramienta central para el desarrollo del país.

Por eso es necesario decirlo con claridad: ajustar en discapacidad y educación pública no es equilibrio fiscal. Es abandonar responsabilidades esenciales del Estado y profundizar desigualdades que luego se pagan con mayor exclusión.

El rol que asumió el Congreso fue el que le asigna la Constitución. Defender esas leyes no fue un gesto partidario, sino una decisión institucional. El Parlamento está para debatir, controlar y poner límites cuando el Poder Ejecutivo avanza sobre derechos consagrados.

El debate no se agota en esa votación. El propio Gobierno ha manifestado que insistirá con el ajuste por otros caminos. Y allí aparece una cuestión central: cuidar la democracia no es solo votar leyes, sino respetarlas y aplicarlas.

El equilibrio fiscal es una discusión legítima. Pero no puede construirse recortando derechos básicos ni descargando el costo del ajuste sobre quienes menos tienen.

Lo ocurrido en el Congreso fue una señal clara. Lo que viene, especialmente en el Senado, exige responsabilidad, coherencia y compromiso democrático.

Porque defender la discapacidad y la universidad pública no es resistirse al cambio. Es defender un país donde el ajuste no recaiga siempre sobre los mismos.

Y donde el futuro siga siendo una oportunidad, no un privilegio.

 *Legisladora Union Cívica Radical