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La Justicia rionegrina formuló cargos y dictó prisión preventiva contra un hombre acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género ocurrido ayer, 11 de enero, en la ciudad de Viedma. La imputación incluye los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia judicial, en un contexto en el que existían medidas de protección vigentes a favor de la víctima.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el hecho se produjo el domingo por la mañana, alrededor de las 7, cuando el imputado ingresó sin consentimiento al domicilio de su ex pareja, donde la mujer reside junto a sus hijas e hijos menores de edad. Pese a las prohibiciones judiciales en vigencia, el hombre permaneció en el interior de la vivienda durante varias horas.
Según detalló la Fiscalía, durante ese lapso el acusado tomó dos cuchillos tipo serrucho y profirió amenazas, generando una situación de intimidación sostenida que se extendió hasta cerca de las 18, momento en el que fue aprehendido por personal policial dentro del mismo inmueble. La intervención policial se dio luego de varias horas de permanencia del imputado en el lugar.
La acusación remarcó que el accionar atribuido implicó el incumplimiento de medidas de protección dispuestas previamente por el fuero de Familia, entre ellas la exclusión del hogar, la prohibición de contacto y una restricción de acercamiento. Estas disposiciones, según se indicó en audiencia, habían sido notificadas de manera personal al imputado semanas antes del hecho investigado.
Como respaldo probatorio, la Fiscalía señaló que cuenta con la denuncia penal realizada por la víctima, el procedimiento policial efectuado por la comisaría interviniente y las constancias de notificación de las medidas judiciales vigentes. También se mencionaron antecedentes condenatorios previos del imputado, vinculados a hechos de violencia.
En relación con la medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales, en particular el peligro de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de la víctima. En ese marco, se expuso el contexto de violencia de género, la reiteración de denuncias, la situación de vulnerabilidad de la persona denunciante, la presencia de niñas y niños en el hogar y las limitaciones materiales para garantizar medidas de protección menos restrictivas.
Por su parte, la Defensa Penal Pública se opuso al pedido de prisión preventiva y solicitó la aplicación de una medida alternativa, como la colocación de una tobillera electrónica. Además, cuestionó la extensión del plazo solicitado para la detención cautelar, al considerarlo excesivo en función de las diligencias pendientes durante la investigación.
Finalmente, la jueza de garantías interviniente dio por formulados los cargos conforme a la calificación legal propuesta por la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo que durará la investigación penal preparatoria.
3 marzo 2026
Judiciales