A menos de tres semanas de un nuevo 24 de marzo, distintas organizaciones de derechos humanos comenzaron a difundir una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que le solicitan que no otorgue indultos ni medidas de clemencia a personas condenadas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. La iniciativa surge en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976 y se da ante versiones que indican que el Poder Ejecutivo podría anunciar perdones presidenciales ese mismo día.
La carta convoca a personalidades, colectivos sociales y ciudadanía en general a firmar un documento público que luego será presentado y difundido en medios de comunicación junto con el número de adhesiones reunidas. El objetivo es expresar preocupación frente a la posibilidad de que se adopten decisiones vinculadas a la situación judicial de represores condenados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
La convocatoria a firmar la carta se realiza a través de un formulario digital disponible en el enlace: https://forms.gle/VexWrzhnZhSj7VSg6 , donde personas, organizaciones y figuras públicas pueden adherir al documento. Las firmas reunidas serán luego presentadas públicamente para visibilizar el respaldo a la iniciativa.
En el texto dirigido al mandatario nacional se recuerda que el 24 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del golpe cívico-militar que dio inicio a la última dictadura en Argentina. La carta señala que durante ese período se cometieron de manera sistemática crímenes de lesa humanidad, entre ellos torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, y menciona que se estima en 30 mil el número de personas desaparecidas.
Las organizaciones firmantes plantean su preocupación por lo que describen como un retroceso en las políticas públicas vinculadas a la memoria y los derechos humanos desarrolladas desde el retorno de la democracia en 1983. En ese sentido, el documento cuestiona declaraciones oficiales que relativizan los crímenes cometidos durante la dictadura y advierte sobre el impacto de recortes presupuestarios y medidas administrativas en instituciones dedicadas a la preservación de archivos y sitios de memoria.
Entre los puntos centrales de la carta, los firmantes solicitan al Presidente que garantice la preservación y el acceso a los archivos relacionados con la dictadura, que se restablezca el financiamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, y que se asegure la continuidad de los sitios de memoria que documentan los crímenes cometidos entre 1976 y 1983.
El documento también pide expresamente que el Poder Ejecutivo se abstenga de otorgar indultos, reducciones de pena u otras medidas de clemencia a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, en línea con las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del derecho internacional.
Según adelantaron las organizaciones impulsoras, una vez reunidas las adhesiones el documento será presentado públicamente y enviado al Poder Ejecutivo con el objetivo de que la demanda sea considerada antes de la conmemoración del próximo 24 de marzo, fecha en la que en todo el país se realizan actividades vinculadas al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
8 marzo 2026
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