La discusión por los haberes de retirados y pensionados policiales sumó una instancia de intercambio en General Roca, donde el Gobierno dio precisiones sobre la liquidación de salarios, la aplicación de adicionales y el marco legal vigente, en medio de inquietudes planteadas por el sector.
El encuentro se realizó este martes en el centro de retirados de esa ciudad, con la participación de unas 30 personas entre jubilados, pensionados y familiares. Representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del equipo de la Unidad de Trámites Previsionales (UTP), presentaron un informe sobre las gestiones realizadas en los últimos dos años y las proyecciones de trabajo para 2026.
Uno de los ejes fue la aplicación de la normativa previsional. Desde el área técnica se indicó que los haberes se liquidan conforme a la legislación vigente, incluyendo conceptos como antigüedad, riesgo y dedicación exclusiva, y se descartaron diferencias en perjuicio de las personas retiradas. También se precisó que la estructura salarial se encuentra regulada por la Ley 679, que define la escala de puntos por jerarquía y la composición de los ingresos.
En relación a los decretos que complementan el esquema salarial, se explicó que forman parte de las facultades del Poder Ejecutivo y que su validez fue objeto de análisis judicial. En ese marco, se sostuvo que se trata de herramientas previstas dentro del ordenamiento legal y no de decisiones aisladas.
Otro de los puntos abordados fue la aplicación del adicional por zona desfavorable, que había generado reclamos en el sector. Durante la reunión se señaló que no existieron retenciones de haberes, sino diferencias en la forma de cálculo dentro de la estructura salarial. Según se detalló, este concepto debe aplicarse sobre los ítems remunerativos habituales, en línea con criterios establecidos por la Justicia.
En ese sentido, se reconoció que hubo aspectos vinculados a la implementación que fueron revisados, en función de interpretaciones judiciales y ajustes técnicos. Las explicaciones apuntaron a ordenar la información en circulación y responder a dudas planteadas por las personas asistentes.
También se brindaron precisiones sobre la Ley 5505, que establece un haber mínimo previsional para retirados y pensionados policiales. La normativa, vigente desde agosto de 2025, alcanza actualmente a cerca de 400 beneficiarios en la provincia y no contempla retroactividad, ya que su aplicación depende de acuerdos con organismos nacionales como ANSES.
Durante el intercambio, quienes participaron plantearon consultas vinculadas a tiempos de cobro y modalidades de pago. Desde la UTP se indicó que algunas de las propuestas fueron registradas para su análisis, en el marco de posibles mejoras en los mecanismos de liquidación.
18 marzo 2026
Río Negro