La falta de respuesta a pedidos de informes impulsados desde la Legislatura provincial derivó en una denuncia formal contra funcionarios del Poder Ejecutivo de Río Negro, en medio de cuestionamientos por el acceso a la información pública y los mecanismos de control institucional.

La presentación fue realizada por el bloque opositor Vamos con Todos ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según confirmó su presidente, José Luis Berros. El dirigente señaló que la medida apunta a lo que consideran un incumplimiento reiterado de la Ley K N° 2216, que regula la obligación de brindar información ante requerimientos legislativos.

De acuerdo con lo expuesto, la denuncia se centra en la falta de contestación a cuatro pedidos de informes —identificados como 1129/2025, 1191/2025, 1323/2025 y 1327/2025— que, según indicaron desde el bloque, fueron presentados conforme a los procedimientos formales y dentro de los plazos establecidos.

Uno de los expedientes requería datos sobre permisos de exploración y explotación de arenas silíceas, vinculadas a la actividad hidrocarburífera. Según se detalló, el Ejecutivo solicitó prórrogas por la complejidad técnica del tema, aunque el informe no fue remitido incluso después de las intimaciones previstas por la normativa.

Otro de los pedidos estaba orientado a obtener información sobre contrataciones directas con la firma EPOGE SRL en el ámbito de la Secretaría de Medios. Desde la bancada opositora señalaron que se trata de datos relevantes para analizar el uso de fondos públicos en materia de comunicación oficial.

En paralelo, se incluyó un requerimiento sobre la actividad minera en la provincia, que contemplaba información sobre estructuras societarias, beneficios otorgados y mecanismos de control aplicados a empresas del sector. También se sumó un pedido vinculado al registro de ingresos de determinados empresarios a Casa de Gobierno en los últimos años.

Según expresó Berros, la denuncia busca que se investigue la conducta de los funcionarios involucrados y se garantice el cumplimiento de las normas vigentes en materia de acceso a la información. En ese sentido, planteó que la falta de respuestas afecta las facultades de control del Poder Legislativo.

El planteo fue elevado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que deberá evaluar la presentación y determinar si corresponde avanzar con actuaciones en relación a los hechos denunciados.