La provincia de Río Negro quedó habilitada para avanzar en la concesión de obras sobre las rutas nacionales 22 y 151, dos de los corredores más transitados y cuestionados por su estado en la región. La medida abre la posibilidad de licitar trabajos de reparación, ampliación y mantenimiento, e incluso de implementar peajes para financiar esas intervenciones.

La decisión fue formalizada por el Gobierno nacional a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma incorpora a Río Negro entre las nueve provincias que podrán asumir de manera temporal la gestión operativa de rutas nacionales dentro de su territorio, aunque sin modificar la titularidad ni la jurisdicción federal de esos caminos.

El nuevo esquema permitirá que la provincia licite y adjudique contratos a empresas privadas o mixtas para ejecutar obras sobre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151. En ambos casos, los trabajos podrán incluir repavimentación, ampliación de calzada, mantenimiento y otras intervenciones de infraestructura.

La normativa también habilita el cobro de peajes como mecanismo de financiamiento. Sin embargo, el decreto establece que las tarifas deberán respetar criterios de “razonabilidad” y aclara que los fondos recaudados en cada tramo sólo podrán destinarse a obras sobre ese mismo sector. Es decir, el dinero obtenido en la Ruta 22 no podrá utilizarse para financiar trabajos sobre la 151 ni sobre otros corredores.

Las concesiones que eventualmente otorgue la provincia tendrán un límite máximo de 30 años. El decreto remarca además que la delegación será “temporal y revocable”, por lo que el Estado nacional conservará la propiedad de las rutas y podrá dejar sin efecto el acuerdo.

Para que la transferencia operativa entre en vigencia, Río Negro deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad. En ese acuerdo tendrá que presentar un plan de obras con cronograma técnico, detallar el peaje máximo previsto y las fuentes de financiamiento, además de asumir la responsabilidad ante eventuales reclamos judiciales o civiles vinculados a la gestión.

El decreto también fija plazos concretos. Una vez aprobado el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia tendrá un año para convocar a la licitación. Si no lo hace dentro de ese período, la autorización caerá de manera automática.

La posibilidad de intervenir sobre las rutas 22 y 151 aparece después de varios meses de reclamos por el deterioro de ambos corredores. La Ruta 22, especialmente en el Alto Valle, concentra cuestionamientos por el atraso en las obras de ampliación y por la cantidad de accidentes. La Ruta 151, en tanto, arrastra un fuerte desgaste por el tránsito pesado vinculado a la actividad petrolera y volvió a quedar en el centro de la discusión esta semana por su estado y la falta de mantenimiento.