El acuerdo firmado entre el Estado nacional y la empresa Hidden Lake S.A., que dejó sin efecto la causa judicial por la venta de las tierras que rodean el Lago Escondido, quedó ahora bajo cuestionamiento tras una denuncia presentada por la legisladora provincial Magdalena Odarda ante la Procuración de Investigaciones Administrativas de la Nación. La dirigente pidió que se investigue la actuación de funcionarios del Ministerio del Interior durante la conciliación que derivó en el cierre del expediente.

Según planteó la dirigente del bloque Vamos con Todos, el convenio representa un giro respecto de la posición que había sostenido el propio Estado nacional en 2023, cuando el Ministerio del Interior consideró que la operación de venta de esas tierras estaba alcanzada por una “nulidad absoluta e insanable”. En ese marco, cuestionó que la actual gestión nacional haya desistido del reclamo judicial y terminado acordando con la firma vinculada al empresario británico Joe Lewis.

Odarda sostuvo que el entendimiento se concretó “en condiciones cuestionables”, al señalar que fue firmado durante la feria judicial, bajo un expediente reservado y con escasa difusión pública. Para la legisladora, el cierre de la causa evitó que la Justicia se pronunciara sobre el fondo del conflicto vinculado al acceso y dominio de las tierras que rodean el lago.

En la presentación, también incorporó cuestionamientos vinculados al uso del agua pública del Río Escondido para el emprendimiento hidroeléctrico de Hidden Lake S.A. Según indicó, durante al menos 14 años la empresa habría utilizado ese recurso sin cumplir las obras obligatorias establecidas por ley en 2010 y modificadas posteriormente en 2019. En ese sentido, consideró que la propuesta de ejecutar ahora esas obras como parte del acuerdo constituye una maniobra para que el Estado abandone el litigio judicial.

La legisladora además rechazó la versión de que la empresa de Lewis sea la encargada del abastecimiento eléctrico en localidades de la Comarca Andina. Remarcó que en Río Negro opera la distribuidora EDERSA y que también existen cooperativas y otras prestadoras en la provincia de Chubut.

Otro de los puntos cuestionados por Odarda es que, con la homologación del acuerdo, Hidden Lake S.A. mantiene el control de unas 12 mil hectáreas y continúa restringiendo el acceso al Lago Escondido, mientras que el costo asumido por la empresa sería únicamente el pago de la tasa de justicia fijada en el expediente, monto que calificó como “meramente simbólico”.

Por último, la legisladora solicitó que se investigue la posible comisión de delitos y que se impulsen acciones para declarar la nulidad absoluta tanto del acuerdo conciliatorio como de la sentencia judicial que lo homologó. “El Estado no puede renunciar a defender el interés público”, afirmó.