Las declaraciones juradas de funcionarios públicos podrían incorporar información sobre criptomonedas, fideicomisos, fondos de inversión y posibles conflictos de intereses, además de pasar a un formato completamente digital y de acceso público. La propuesta forma parte de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro para modificar el actual régimen de ética pública.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo, quien propone reformar la Ley Provincial N° 3.550 de Ética Pública con el objetivo de actualizar los mecanismos de control patrimonial y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información vinculada con quienes desempeñan funciones públicas.

El proyecto plantea que las declaraciones juradas deberán presentarse en formato digital y estar disponibles para consulta pública a través de los sitios oficiales del Estado provincial, con el propósito de mejorar los niveles de transparencia y seguimiento ciudadano.

“Consideramos que es oportuno y necesario efectuar modificaciones a nuestra Ley N° 3550, a fin de modernizarla, despejar cualquier grado de opacidad dándole la mayor transparencia y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información del estado patrimonial de los funcionarios públicos”, sostuvo Acevedo en los fundamentos de la iniciativa.

Entre las principales modificaciones se encuentra la obligación de declarar activos que actualmente no están contemplados de manera específica en la normativa vigente, como inversiones en criptomonedas, participaciones en fideicomisos y fondos de inversión.

Además, el proyecto incorpora la obligación de informar participaciones en sociedades, empresas, fundaciones u organizaciones, así como relaciones laborales, comerciales o profesionales mantenidas hasta dos años antes de asumir un cargo cuando puedan derivar en incompatibilidades o conflictos de intereses.

La propuesta también apunta a reforzar los mecanismos de prevención frente a posibles situaciones que puedan comprometer la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.

En los fundamentos del proyecto, Acevedo remarcó que distintas provincias y jurisdicciones del país avanzaron durante los últimos años en reformas similares para actualizar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y funcionarias.

En ese sentido, mencionó experiencias desarrolladas en Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementaron mecanismos orientados a ampliar el acceso público a las declaraciones juradas y fortalecer los estándares de transparencia institucional.

“La democracia se sustenta en un contrato implícito de confianza entre la ciudadanía y sus representantes y funcionarios públicos, y exige de éstos una conducta ética, transparencia y honestidad en la administración de los fondos y asuntos públicos”, expresó el legislador.

La iniciativa contempla, al mismo tiempo, resguardar determinada información considerada sensible para la seguridad personal y familiar de quienes ocupan cargos públicos. Entre los datos que permanecerían bajo carácter reservado figuran la ubicación exacta de inmuebles, números de cuentas bancarias y datos filiatorios de menores de edad.

Acevedo sostuvo que una adecuada publicidad de las declaraciones juradas no sólo permite fortalecer los controles ciudadanos sobre la gestión pública, sino también brindar mayor previsibilidad y respaldo institucional frente a cuestionamientos infundados.

“La publicidad adecuada de las declaraciones juradas no solo fortalece el control ciudadano, sino que también protege y respalda a los funcionarios honestos frente a sospechas infundadas”, señaló.

El proyecto deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en las distintas comisiones antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento. De aprobarse, implicaría una de las actualizaciones más importantes del régimen provincial de declaraciones juradas desde la sanción de la actual ley de ética pública.