No podrán cortar los servicios de luz, gas y agua a sectores vulnerables

La Legislatura aprobó por unanimidad una ley que impide la suspensión de servicios esenciales para jubilados, familias de bajos ingresos y otros sectores vulnerables hasta fines de 2027

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El acceso a los servicios públicos esenciales quedó garantizado para miles de hogares rionegrinos luego de que la Legislatura aprobara una ley que suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes domiciliarios de gas, electricidad y agua para personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

La iniciativa fue impulsada por los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, quienes destacaron la sanción unánime de la norma y señalaron que la misma busca asegurar la continuidad de prestaciones consideradas fundamentales para la vida cotidiana de amplios sectores de la población.

La nueva legislación alcanza a jubilados y pensionados, familias con ingresos inferiores al valor de la canasta básica, personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y hogares que tengan a cargo personas con discapacidad. De esta manera, quienes se encuentren dentro de esos grupos no podrán sufrir interrupciones en el suministro de servicios esenciales durante el período establecido por la ley.

Durante el debate, la legisladora Magdalena Odarda (VcT) sostuvo que la medida responde a la necesidad de garantizar derechos básicos en un escenario económico complejo. “Nadie puede vivir sin agua, sin luz o sin gas”, expresó al fundamentar la importancia de la norma.

La parlamentaria también recordó que la protección anterior había vencido el 31 de diciembre de 2025, lo que había dejado sin cobertura a numerosos usuarios que podían quedar expuestos a cortes por falta de pago. En ese sentido, remarcó que la sanción definitiva de la ley permite restablecer ese resguardo para los sectores alcanzados.

Además, Odarda reconoció el trabajo de la senadora nacional Ana Marks, a quien atribuyó el impulso inicial del proyecto, y destacó la participación de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron el reclamo para que la iniciativa avanzara en la Legislatura.

Entre las entidades mencionadas se encuentran la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organizaciones que promovieron la continuidad de las medidas de protección para garantizar el acceso a los servicios públicos básicos de los sectores más afectados por las dificultades económicas.

Con la sanción de esta ley, la provincia mantendrá vigente hasta fines de 2027 un esquema de protección destinado a evitar que los hogares comprendidos en los grupos alcanzados queden privados de servicios considerados indispensables para el desarrollo de una vida digna.

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