Las personas condenadas por homicidios, delitos sexuales, secuestros extorsivos y otros hechos de extrema gravedad podrían enfrentar mayores restricciones para acceder a salidas transitorias y otros beneficios penitenciarios si la reforma aprobada en primera vuelta por la Legislatura de Río Negro obtiene la sanción definitiva en segunda vuelta.

La iniciativa modifica la Ley Provincial de Ejecución Penal e incorpora criterios que ya se encuentran vigentes en la legislación nacional. El proyecto fue impulsado por los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica y Facundo López, y apunta a establecer un régimen especial para determinados delitos considerados de alto impacto social.

De convertirse en ley, la norma limitará el acceso a mecanismos como las salidas transitorias, la prisión discontinua, la semidetención, la libertad asistida y otras modalidades de libertad anticipada para personas condenadas por delitos específicos.

Entre los delitos alcanzados por las restricciones figuran el homicidio simple y agravado, los delitos contra la integridad sexual, el robo agravado, el homicidio en ocasión de robo, la tortura seguida de muerte y el secuestro extorsivo cuando hubiera provocado el fallecimiento de la víctima.

Durante el debate parlamentario, Pica explicó que la propuesta busca adecuar la normativa provincial a las modificaciones incorporadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y señaló que recientes fallos de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la constitucionalidad de establecer limitaciones a determinados beneficios en función de la gravedad de los delitos cometidos.

La reforma también incorpora un capítulo específico de “Excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba”, donde se detallan los delitos alcanzados por las restricciones y los criterios que deberán evaluar los jueces de ejecución penal al momento de resolver cada caso.

Además, prevé la creación de un régimen preparatorio para la liberación destinado a quienes cumplan condenas por estos delitos. Según el texto aprobado, deberá implementarse mediante programas individuales orientados a garantizar la progresividad del tratamiento penitenciario y favorecer los procesos de reinserción social.

Durante la discusión legislativa hubo respaldo de distintos bloques. El legislador Santiago Ibarrolaza sostuvo que la iniciativa aporta mayor seguridad jurídica al sistema de ejecución penal y consideró que establece pautas más claras para la concesión de beneficios penitenciarios.

Por su parte, Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, acompañó el proyecto aunque planteó la necesidad de profundizar el debate sobre la situación del sistema penitenciario provincial. En ese marco, señaló la importancia de avanzar en obras de infraestructura carcelaria, mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario y fortalecer los equipos técnicos encargados del seguimiento de las personas privadas de libertad.

También se expresó a favor la legisladora Ofelia Stupenengo, quien consideró que la iniciativa responde a demandas planteadas por víctimas y distintos sectores de la sociedad, al tiempo que sostuvo que la protección de la comunidad debe ser uno de los objetivos contemplados por el sistema penal.

El cierre del debate estuvo a cargo de Facundo López, presidente del bloque oficialista, quien vinculó la reforma con otras medidas impulsadas en materia de seguridad. Durante su exposición informó que actualmente existen 1.404 personas alojadas en establecimientos penales y 174 detenidas en comisarías de la provincia, además de mencionar obras de ampliación en marcha en el sistema penitenciario.

López también destacó la inversión destinada a la modernización del sistema de emergencias 911, que incluye nuevas herramientas de monitoreo, videovigilancia e inteligencia artificial. No obstante, la reforma sobre ejecución penal todavía deberá superar la segunda vuelta legislativa para convertirse definitivamente en ley y comenzar a regir en Río Negro.