La discusión sobre la libre elección de obra social para trabajadores estatales de Río Negro no debería desplazar el reclamo histórico por quién administra el IPROSS. Para Rodolfo Aguiar, la obra social debe quedar en manos de sus propios beneficiarios, con participación del Estado pero en una posición minoritaria y destinada al control.

El secretario general de ATE Nacional se refirió al proyecto anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck y sostuvo que todavía es necesario conocer el texto definitivo. De todos modos, consideró que la posibilidad de que las y los trabajadores deriven sus aportes hacia otras coberturas no representa, en el escenario actual, un riesgo para el sistema solidario.

Aguiar estimó que la cantidad de trabajadores y jubilados que finalmente optaría por otra cobertura sería “ínfima”, porque no observa actualmente alternativas que ofrezcan mejores prestaciones con los mismos aportes o incluso pagando una diferencia.

En ese sentido, planteó que el análisis debe hacerse teniendo en cuenta el escenario general de las obras sociales. “Tenemos la responsabilidad de evaluar el contexto”, sostuvo, y vinculó las dificultades que atraviesan esas entidades con las políticas implementadas a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei.

El dirigente recordó además que durante años desde el sindicalismo se cuestionó el carácter de “cautivos” de quienes estaban obligados a permanecer en la obra social provincial. Por eso consideró que la libre opción puede tener cierta razonabilidad desde ese punto de vista, aunque aclaró que actualmente no advierte una alternativa que permita obtener mejores prestaciones por un aporte similar.

Pero el eje que Aguiar considera prioritario está en otro lugar: la normalización del IPROSS. Para el titular de ATE Nacional, los sindicatos no deberían abandonar ese reclamo histórico a partir de la discusión sobre la libre elección. La propuesta consiste en que la obra social sea administrada por sus propios beneficiarios, es decir, por trabajadores activos y pasivos. El Estado debería conservar participación, pero de manera minoritaria y con la función de ejercer el control.

“Los sindicatos no podemos perder nuestro norte ni abandonar los reclamos históricos por la definitiva normalización de la obra social”, planteó Aguiar. En esa línea, sostuvo que debe cumplirse la manda constitucional que establece que el IPROSS sea administrado por sus propios interesados.

El dirigente también defendió parte de los cambios que, desde su perspectiva, se produjeron en el funcionamiento de la obra social. Señaló que desde la participación de ATE en la Junta de Administración pudieron verificar avances en distintas áreas, aunque reconoció que persisten falencias. Entre los aspectos que destacó mencionó la cobertura del 100% de los medicamentos oncológicos y para personas con diabetes, además de la aceleración de procesos licitatorios que, afirmó, permitió reducir costos.

También señaló la cobertura de intervenciones cardíacas de más de $50 millones, el pago del 100% de implantes y prótesis nacionales y la cobertura de prótesis e implantes importados en un 80% para activos y 90% para pasivos. A eso agregó la actualización de los valores de farmacia, con una cobertura promedio que ubicó en 50% para medicamentos ambulatorios y 70% para tratamientos crónicos.

Aguiar también mencionó investigaciones realizadas dentro de la obra social que, indicó, permitieron detectar fraudes en el pago de reintegros. Afirmó que esas acciones permitieron evitar un perjuicio económico de magnitud para el IPROSS. Otro de los cambios que valoró fue la creación de un área de modernización, que, de acuerdo con su evaluación, permitió incorporar nuevas tecnologías y avanzar en la desburocratización de distintos procedimientos administrativos.

Frente al proyecto de libre elección, el dirigente consideró que existen dos posibilidades: limitarse a cuestionar la iniciativa o aprovechar la discusión para plantear cambios estructurales. En su visión, el debate debería servir para que las y los trabajadores tengan un papel activo en la definición del futuro de la obra social.

De todos modos, Aguiar aclaró que ATE espera conocer el proyecto oficial antes de fijar una posición definitiva sobre su contenido. También planteó una condición concreta: que los altos funcionarios de los tres poderes del Estado queden excluidos de la posibilidad de optar por otra cobertura.

El planteo sindical, de esta manera, no se limita a discutir si los trabajadores podrán o no elegir otra obra social. Aguiar propone utilizar el debate para avanzar sobre una cuestión que ATE considera pendiente: quién toma las decisiones dentro del IPROSS y qué nivel de participación debe tener el Estado.

Para el dirigente, la discusión sobre la libre elección puede convertirse en una oportunidad para avanzar hacia la democratización de la obra social, siempre que los trabajadores no queden solamente como afiliados o aportantes, sino que tengan participación efectiva en su administración. “La definitiva democratización de nuestra obra social en la provincia” es, para Aguiar, el objetivo que no debería perderse de vista mientras se espera el texto definitivo del proyecto que impulsa el Gobierno rionegrino.