14 diciembre 2011 Río Negro Comentar

El proyecto 857, enviado ayer por el Poder Ejecutivo al Parlamento, busca modificar la ley 2397, estableciendo que el gobernador, el vicegobernador y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en su calidad de titulares de los tres poderes, deberán percibir retribuciones en un grado de equiparación, en razón de la tarea que desarrollan y el grado de responsabilidad.

De esta manera, la normativa establece que se deberán igualar los sueldos de Soria y Alberto Weretilneck con los abultados salarios que cobran en el Superior Tribunal. En concreto, ambos pasarían a percibir algo más de 40 mil pesos.

Pero este incremento también beneficiará a los funcionarios, quienes cobrarán un porcentaje del sueldo que percibirá el mandatario. De esta forma, se prevé que un ministro cobre algo más 30 mil pesos, un secretario 25 mil pesos y un subsecretario 20 mil pesos. A esto se suma la definición de reducir la planta de funcionarios, que pasará de casi 400 a unos 140.

“Yo estoy de acuerdo. Creo que los funcionarios que tiene alta responsabilidad tienen que estar las 24 horas en la función y con el celular abierto”, dijo la otrora legisladora de la Concertación ante una consulta de LA PALABRA.

Aseveró que los funcionarios “tienen que tener la tranquilidad de que están bien económicamente” y dio a entender que “una buena remuneración” generará un mejor manejo de la cosa pública.

Señaló que en la gestión de Soria “se va a gasta mucho menos por la reducción de funcionarios, incluso en alquileres”.

“La gente todavía me dice defensora”

Piccinini no pudo evitar recordar su paso por la Defensoría del Pueblo. Dijo que fue “una gestión larga, profunda y muy fuerte” y resaltó que “la gente todavía me dice defensora”.

Además, la legisladora respaldó la decisión de efectuar un nuevo llamado a inscripción para elegir el próximo defensor del pueblo. Dijo que “no fue claro y transparente” el proceso de su salida del organismo y aseguró que “no hay ninguna cuestión de fondo o un candidato preestablecido”.

Recordó que el ex gobernador Miguel Saiz “irrumpió sobre las facultades de la Legislatura, cuando sancionó un decreto de necesidad y urgencia que modificaba la Ley Orgánica de un organismo que lo regulaba a él”.

Aseguró que cuando se abrió la inscripción anterior “mucha gente me dijo que no se había anotado porque no estaba preparada” y explicó que Ignacio Gandolfi terminará su prórroga en enero y en reemplazo irá un empleado de planta de la Legislatura. “Más tranquilamente, en las primeras sesiones se elegirá el defensor nuevo”, aseguró.

Las leyes de Soria

Por otra parte, Piccinini se refirió al análisis del paquete de leyes que ayer envió el Ejecutivo al Parlamento. “No son leyes con un gran contenido de articulado como para que lleve mucho tiempo revisarlas”, aseguró.

Explicó que el paquete fiscal “es el de todos los años, con características de relevancia como que no habrá aumentos en los impuestos y facilidades de pago a deudores que tengan un ingreso mínimo de 3.500”. Además destacó que habrá diversas exenciones impositivas.

Sobre el proyecto de ley de emergencia educativa indicó que se basará especialmente en la cuestión edilicia. “Si hay alguien que conoce como se encuentran los establecimientos de la provincia soy yo, porque recorrí los 800 establecimientos y están en una situación terrible y un decaimiento que se suma año a año”, indicó.

Resaltó la decisión de Soria de enviar este proyecto en esta época del año, porque así se garantizará el desarrollo de las licitaciones antes de que se inicie el próximo ciclo lectivo, el 27 de febrero de 2012.

“Soria eligió este proceso, a diferencia de Saiz que lo hizo a principio de año con un decreto de necesidad y urgencia para hacer una contratación directa por 60 millones de pesos y no se cumplió con el objetivo señalado”, dijo.

Aseguró además que “en los ocho años de gestión de Saiz no se usó la Ley de Obras Públicas y todas las licitaciones eran parodias, donde las empresas acordaban previamente y hacían una puesta en escena. En conclusión las empresas manejaban la obra pública como querían”.

Indicó luego que se deberá hacer “un análisis profundo con el tema del gas en las escuelas” porque “hay muchas irregularidades”. Indicó que “tuvimos mucha protección de Dios y el Ángel de la Guarda con este tema”.

“Abrir el juego”

Además Piccinini se manifestó de acuerdo con la decisión de Soria de hacer una enmienda de la Constitución para derogar el artículo que establece la obligatoriedad de contar con dos años de residencia para ser juez.

“Hay que abrir el juego. Y así los integrantes de la Magistratura vamos a tener más posibilidad en la elección. Lo que se debe buscar en un funcionario judicial no es solo la excelencia en el conocimiento jurídico, porque eso se perfecciona con el tiempo, sino también el compromiso con la gestión, la trayectoria y la moral”, señaló.

Manifestó finalmente que “la independencia de criterio es muy importante, aunque eso no significa una persona que no se sienta más identificado por un partido político o por otro”.