Rochas señaló que se establece una "especie de censo para poder llevar transparencia" respecto al rol de cada uno de los empleados, subrayando que “va a pasar que algunas personas, una vez dispuesto el organigrama y volcado la cantidad de empleados públicos dentro de él, queden ausentes de un cargo o de una función”.

Al respecto expresó que ese personal “va a quedar recién allí en condición de disponibilidad y esto implica que no le voy a afectar ningún derecho, no le voy a tocar ni el sueldo ni nada de nada, pero estando en condición de disponibilidad quedará un tiempo latente sin prestación de servicio, obviamente pagándole el sueldo, y nosotros vamos a estar viendo en qué otro lugar se puede reubicar”.

“Si no lo podemos reubicar, en ese caso y sólo en ese caso, vencida la situación de disponibilidad que es de 180 días hábiles desde la reglamentación de la ley, se le indemniza a través de un sistema indemnizatorio que lo establece la misma ley para llevar más transparencia”, afirmó.

Afirmó que se fija “no una prescindibilidad” por la cual se deja cesante una relación laboral,  sino una “disponibilidad” de los agentes públicos “por la cual el conjunto de los empleados públicos, a excepción del Poder Judicial, los docentes, la policía, el servicio penitenciario, lo cual implica más de la mitad del universo de los empleados públicos de la provincia, quedarán sujetos a disponibilidad por un plazo determinado”.

La iniciativa “no suprime la legitimidad institucional, por el contrario la garantiza por medios extraordinarios”, sino que trata de “hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales”

También aclara que “la ley de emergencia no es inconstitucional ni confiscatoria ni conculcatoria de las máximas garantías constitucionales” y que constituye “el único medio idóneo del Estado Provincial para superar una situación de crisis general”.

Rochas explicó que “no se presentó ninguna ley de prescindibilidad”, sino que este proyecto fija, en el marco de una emergencia global y por “un lapso de doce meses”, distintas instancias “para salir de esa situación”.

Sobre los contratos dijo que “van a ser revistos, revisados y eventualmente se llegará a una renegociación, cancelación o se verá qué es lo que se hace”.

Reiteró que se fija “no una prescindibilidad por la cual se deja cesante una relación laboral,  sino una disponibilidad” de los agentes públicos “por la cual el conjunto de los empleados públicos, a excepción del Poder Judicial, los docentes, la policía, el servicio penitenciario, lo cual implica más de la mitad del universo de los empleados públicos de la provincia, quedarán sujetos a disponibilidad por un plazo determinado”.

Agregó que en ese plazo “los distintos ministerios y órganos del Poder Ejecutivo, también de la Legislatura, van a estar haciendo lo que hace muchísimo tiempo no se hace y no sabemos si se hizo alguna vez, que es cumplir con la ley de la función pública de establecer las misiones y funciones de cada uno de los ministerios y cada uno de los órganos; establecer el organigrama integral de cada ministerio, establecer las funciones que se tienen que cumplir y luego de ello ir determinando cuáles son los empleados públicos que van a ir cumpliendo esas funciones”.

Además, Rochas ofreció detalles sobre otros cinco proyectos de ley enviados a la Legislatura. Informó que un proyecto de ley crea “una oficina permanente en el marco de la Legislatura” del Digesto Jurídico, que suplantará la actual comisión interpoderes. La medida tiende a garantizar la tarea de “actualización de la base de datos y consolidación de los textos normativos”, pero reduciendo “la importante erogación de gastos” que implicaba a los tres poderes hasta el momento.

Indicó que la mayoría del personal de la actual comisión interpoderes está con contrato, “algunos de ellos terminaba ahora el 31 de diciembre”, y con la nueva oficina se dará “garantía y estabilidad” a los profesionales que seguirán esa tarea de actualización y consolidación de leyes.

“No se trata de eliminar esta importantísima y muy valiosa obra que es el digesto, sino de consolidarla en el tiempo a través de una estructura que le de mayor continuidad ya en el marco mismo de la Legislatura”, aseveró.

Informó que un segundo proyecto trata sobre “la modificación a la  Ley Orgánica de Educación 2444”, tal como ya lo ha decidido la cartera educativa a cargo de Marcelo Mango que, entre otros conceptos, apuntará a “la consagración de los 190 días de clases, la designación del representante de los padres en el marco del Consejo Provincial de Educación”, entre otros. Adelantó que el propio ministro Mango dará detalles de este proyecto al plenario de comisiones del parlamento provincial.

Informó que un tercer proyecto implica “la adhesión a la Ley Nacional de Glaciares”, lo que implica incorporar la vigencia y alcances de esa norma a nivel provincial. Dijo que el Poder Ejecutivo hará la respectiva reglamentación “para la determinación puntual de las competencias y demás funciones de la autoridad de aplicación de la provincia”.

Informó además que un cuarto proyecto se refiere a “una reforma de la ley k 88 de la Fiscalía de Estado, que implica un conjunto de adecuaciones de la norma a la constitución de 1988 y la resolución de pequeñas cuestiones que hacen al control de los actos del Estado a través de este organismo de contralor constitucionalmente previsto”. Adelantó que el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, dará también explicaciones al plenario de comisiones de la Legislatura de todas estas cuestiones “eminentemente técnicas”.

Informó Rochas que un quinto proyecto apunta a la creación “de un Consejo Ambiental con una fuerte incidencia sobre la minería”. Explicó que esta iniciativa implica “la derogación de la ley que establecía la prohibición del cianuro y el mercurio en el ámbito provincial”.

Destacó que esto constituye “un cambio de paradigma en torno a la cuestión minera y al desempeño que nuestra provincia y el Ejecutivo quiere darle a esto; de lo que se trata es de profundizar los controles medioambientales sin que esto implique la anulación de toda actividad minera en la provincia”.

Indicó que “es posible tanto la ejecución de planes productivos, y sobre todo en épocas tan álgidas como las que estamos viviendo después de la catástrofe de la ceniza, trayendo algunas salidas productivas en la Región Sur, conjuntamente con el cuidado del medio ambiente”. “Habrá nuevos requerimientos de impacto ambiental”, de manera de garantizar que la minería sea compatible con el cuidado del patrimonio natural de los rionegrinos.