A tal punto llega el temor de la ciudadanía, que la posibilidad de enfrentamientos entre manifestantes y la policía hará que varios comercios cierren sus puertas, al menos los más próximos a la Legislatura.
En el recinto de ese edificio los legisladores oficialistas aprobarán una ley de emergencia que incluye el pase a disponibilidad de más de la mitad de los empleados estatales.
La sede legislativa estará totalmente vallada por la policía y nadie, excepto los allegados al gobierno de Carlos Soria, podrá acceder a las bandejas.
Mientras tanto, varios gremios estatales y organizaciones sociales se convocarán frente al Poder Legislativo.
La U.P.C.N. llamó a todos los empleados públicos, comerciantes y ciudadanos de Viedma a concurrir a la sede de la organización gremial, Tucumán 130, a las 8.30 horas, en el marco de las medidas de fuerza.
La Asociación de Empleados Legislativos de Río Negro (APEL), por su parte, convocó  a concentrarse frente a la sede de la Legislatura desde las 9.30 horas.
También convocaron desde la Juventud Radical de Viedma, ya que consideran que “es la única forma de impedir que este gobierno disponga a su antojo sobre la seguridad laboral de los empleados públicos y que se contaminen los recursos naturales de nuestra provincia y de nuestra Línea Sur”.
Asimismo, alzaron su voz los empleados municipales de varios municipios, enrolados en UPCN, “ante la arbitraria, injusta y nefasta iniciativa del gobernador Soria,  pretendiendo además hacerla extensiva a todos los trabajadores municipales de las distintas localidades de la provincia, tratando de imponer una normativa generadora de despidos masivos del ámbito provincial  y municipal, atacando sin miramientos la estabilidad laboral que nos consagra el articulo 14 bis de la Constitución Nacional , la Constitución Provincial y las propias Cartas Orgánicas”.
Consideran que se menosprecia “la vida digna de un trabajador estatal y su familia , dejándola en la calle sin importar el deterioro social que ello implicara para toda la provincia”.
“No podemos dejar de expresar nuestro máximo repudio y rechazo a la iniciativa del gobernador Soria y sus ministros y advertir que en caso de convertirse en ley  nos encontraremos ante un conflicto social de imprevisibles consecuencias, del cual los hacemos responsables al propio gobernador y a sus colaboradores”, señalaron.
Desde el sector Cantera popular de la UCR rionegrina se dio a conocer un extenso documento que sostiene:
“Es compromiso, deber y necesidad manifestar, por un lado el malestar que me provoca el accionar del actual gobierno, y por otro, la notoria ilegitimidad e ilegalidad de ése accionar.
Un retroceso cultural social y político  propio de un gobierno totalitario que ni la doctrina fascista resiste.
Claro esta que la presunta o futura sanción de una ley (en sentido formal) como la de “Disponibilidad” no solo es una ruptura en los cimientos de la Democracia, sino que también representa  un menoscabo inconmensurable en la dignidad del trabajador y del hombre mismo, pues sería el Estado en quebranto de sus obligaciones más primarias; que en manos de un gobierno en  ejercicio abusivo de las facultades delegadas golpea sin asco la dignidad social.
De sancionarse una ley de esas características deberá llevarse a juicio a los Ministros Firmantes del proyecto y a los legisladores que la aprueben, pues nadie puede alegar el desconocimiento del derecho como defensa, menos aun tratándose (el desconocimiento) de la Constitución Nacional y Provincial, que hasta el mas exegista de los legos advierte en las leyes fundamentales la idea instituida que este gobierno intenta dañar.
De hecho los Funcionarios del Ejecutivo firmantes del proyecto, por obligación de la Constitución Provincial, deberán colocarse a disposición de la justicia para vindicarse. Le queda a la Justicia hacer el llamado pertinente, conforme cumplimiento de los deberes a su cargo.
Las facultades que ostenta el gobierno, son tales en razón de los poderes  que el pueblo delega, con un marco y objeto especifico establecido en la ley fundamental. Nada impide que si el actuar del gobierno sale de esas esferas la función Judicial del Estado los sancione,  el pueblo retome su poder originario para depositarlo en nuevos representantes para que deliberen. El poder es del ciudadano, lo ostenta la sociedad, quien observa, fiscaliza y, procede.
Que no quede duda alguna que la Cantera Popular utilizará toda la fuerza y facultades de las Instituciones, incluso de la más elemental para reformular el pacto social.
Por ello deberíamos solicitar a las autoridades Nacionales Gubernamentales,  coloquen en mesa de observación y discusión el actuar de este Gobierno Provincial.  A las autoridades nacionales  partidarias del FPV para que ratifiquen consientan o asientan si creen que la conducta se apega a sus principios doctrinarios; los cuales a nuestro entender muy alejado está, pues no recordamos a ninguno de sus referentes mas importantes llevando acabo políticas exclusión social cuando les tocó ejercer el poder; de hecho no se entiende en nada al modelo nacional. Conforme a ley corresponde las bancadas al FPV, pues entonces que las autoridades nacionales partidarias se expidan. El silencio se tomará como acompañamiento. La discrepancia y sus consecuencias tienen que ser expresas.
La elasticidad de los principios permite a los jefes gubernamentales aplicar las políticas de Estado con criterios de tintes subjetivos, el límite se encuentra cuando los principios se desnaturalizan en razón del ejercicio abusivo que se terminan de identificar con los principios para responder a razones personales. Es el caso del Gobernador de la Provincia.
No recuerdo al ex presidente N. Kirchner ni a la actual mandataria  en sus actos de gobierno o en sus discursos políticos (a pesar de la diferencia que mantenemos de aquellos) generar con esas manifestaciones exclusión social, quebrantos o poner en peligro las prestaciones de los servicios públicos mas esenciales, y ni hablar de ejercer la suma de los poderes públicos, propio de los golpistas.
En este caso el gobierno provincial lo hace bajo un acto de simulación ilícita cuya complejidad es propia de una ingeniería criminal. Nos quiere hacer creer que como llego al ejercicio del poder a través del voto, todo lo que hace o valla a hacer guarda legitimidad (principio administrativo de legitimidad de los actos de gobierno); pero volvemos a lo mismo; el ejercicio abusivo desnaturaliza el principio. He ahí todo el juego. Esa es su ingeniería política.
Ese actuar del gobernador de la Provincia, arcaico como todas sus ideas, fue un operar previsto por los legisladores en los años 68, lo cual llevo a una reforma en el Código Civil Argentino (ley 17.711), que entre otras reformo el art. 1071  el cual reza actualmente “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.”
Toda libertad conlleva consigo una responsabilidad, no se puede evadir las consecuencias de los actos, esa es la base de una sociedad organizada que tiene como fin ultimo el bienestar generalizado de todos sus integrantes. Ese Bienestar es el que se quiere menoscabar con la ley de Disponibilidad”.
Por otra parte, el ex ministro de Producción, Juan Manuel Accatino, acompañó a todos los trabajadores rionegrinos “que en estas circunstancias de público conocimiento, están viviendo momentos de incertidumbre debido a la ley propuesta por el gobernador Carlos Soria, denominada Disponibilidad del empleado público, que viola los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 51 de la Constitución Provincial”.
“No solamente es inconstitucional, sino que puede afectar seriamente la paz social y atenta contra la legalidad y la legitimidad del trabajador estatal que ya están previstos en las leyes vigentes”, manifestó.
Más adelante dijo que “esta ley, muy alejada está del proyecto nacional y popular de la presidenta Cristina Fernández, que según el gobernador sería el modelo a seguir para esta provincia, dudo que sea considerado un modelo democrático cuando está en juego la estabilidad del empleado público rionegrino”.