29 diciembre 2011 Río Negro Comentar
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, solo contó con el voto del FPV. La oposición rechazó la iniciativa por considerarla peligrosa. De todas formas, se dispusieron algunas modificaciones al proyecto inicial respecto a la integración del Consejo Consejo Evaluador. 

La iniciativa, calificada como prioritario para la gestión de Carlos Soria, apunta a generar "la más amplia participación de los actores comunitarios” y aseguran desde el ámbito oficial que se generarán alternativas que coadyuven a superar la crisis de la zona Sur tras la erupción del volcán Puyehue.

Aseguraron además que la Ley anticianuro es "discriminatoria" al prohibir el uso de insumos que están permitidos en otras actividades y "por dar erróneamente por confirmado que el uso de determinados procesos mineralúrgicos son contaminantes, cuando están disponibles y son fácilmente accesibles y eficaces teconologías internacionalmente certificadas”.

Además, el secretario de Legal y Técnica, Nicolás Rochas, destacó días atrás que el Consejo Ambiental tendrá "una fuerte incidencia sobre la minería" y resaltó que constituye “un cambio de paradigma en torno a la cuestión minera y al desempeño que nuestra provincia y el Ejecutivo quiere darle a esto".

Explicó que "se trata es de profundizar los controles medioambientales sin que esto implique la anulación de toda actividad minera en la provincia".

Las voces en el recinto

Los fundamentos del Ejecutivo fueron sostenidos por la legisladora justicialista Arabela Carreras quien ponderó los alcances de la norma haciendo hincapié en la creación del Consejo evaluador que incorporó a los funcionarios del Ejecutivo, municipios y legisladores previstos originalmente, la participación de las universidades nacionales de la región, representación de vecinos, ambientalistas y de los pueblos originarios de cada una de las localidades en las que se desarrollen actividades mineras y un representante de INVAP.

Explicó que el organismo “tendrá la función de evaluar toda la actividad minera que se realice en Río Negro” mediante un procedimiento que prevé el estudio de impacto ambiental, dictamen técnico y del Consejo Provincial del Medio Ambiente y audiencia pública.

Por otra parte recordó que la minería acompaña al hombre desde todos los tiempos y de ella se sirve “la sociedad contemporánea depende para satisfacer sus demandas” (transporte, comunicaciones, todo tipo de industrias).

“Es una oportunidad de convertir el recurso minero en riqueza y no vamos a desperdiciar esa oportunidad” dijo la legisladora quien defendió sus argumentos en favor del proyecto en su larga trayectoria y experiencia como ambientalista.

La legisladora Carreras luego hizo una extensa alusión al artículo quinto de la ley en debate, el cual deroga la denominada “ley anti cianuro” y en cambio defendió la utilización de esa sustancia química bajo el control estatal ya que “pondrá de pié a la actividad minera” como ocurre en otras provincias.

En consonancia con el proyecto oficial, la legisladora sostuvo los argumentos de que la ley hasta hoy vigente es “discriminatoria al prohibir el uso de insumos que están permitidos en otras actividades y por dar erróneamente por confirmado que el uso de determinados procesos mineralúrgicos son contaminantes, cuando están disponible y son fácilmente accesibles las más modernas y eficaces tecnologías internacionalmente certificadas”.

Leonardo Ballester (Concertación) señaló que “nunca pensé que trataríamos este proyecto. Nos invadió una profunda amargura cuando nos enteramos horas atrás de la derogación” de la norma que prohibía el uso del cianuro en la actividad minera. Era “una ley para la vida y para la protección del medio ambiente”.

Magdalena Odarda (ARI) inició su discurso con una referencia a “consideraciones del Parlamento Europeo que insta a los países miembros de la Unión Europea a prohibir el uso del cianuro en la industria minera y a la experiencia de su utilización durante los últimos 25 años”. Manifestó su convencimiento de que ello muestra “el error de pretender que con controles y estudios ambientales “no habrá contaminación”.

Sentenció que “a pesar de los avances tecnológicos y la rigurocidad de las leyes europeas” el organismo sugiere la prohibición del cianuro.

Basó gran parte de sus argumentos en notas enviadas por decenas de organizaciones no gubernamentales, cartas, opiniones y trabajos de profesionales y ex parlamentarios, a quienes aludió y agradeció.

Claudio Lueiro (PPR) recordó el debate en Cámara en ocasión del tratamiento de la ley anterior en el 2005 y rescató que “uno de los conceptos de mayor peso para avanzar en la prohibición, fue el principio precautorio” y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente que sostienen el criterio de precaución y de abstención “cuando haya peligro de daño grave o irreversible” o frente a la falta de certeza científica absoluta en la utilización de elementos que puedan ocasionar daños ecológicos.

Retomó conceptos expresados por Odarda haciendo referencia a que en Europa “la minería a cielo abierto está clasificado como uno de los principales contaminantes y que puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana, el medio ambiente y en la diversidad biológica”.

Sandra Recalt (FpV) recordó la situación “de emergencia económica que está viviendo la Línea Sur debido a las cenizas del volcán Puyehue” y aludió específicamente a la situación financiera del municipio de Ingeniero Jacobacci que enfrenta una deuda de casi 10 millones de pesos.

En tal sentido defendió la ley en tratamiento porque con ella “tendremos mano de obra y un cambio en toda la provincia”, pero fundamentalmente en la Región Sur, sostuvo.

Cristina Uria (Concertación) reflexionó sobre el uso de sustancias como el cianuro que “como está demostrado científica y tecnológicamente son altamente contaminantes al medio ambiente y la salud humana, de plantas y animales”. Como médica opinó sobre las consecuencias de la sobre exposición humana al cianuro y la necesidad de priorizar la salud frente a “intereses empresariales”.

Por su parte, la legisladora Ana Piccinini (FpV) resaltó la importancia de una participación legislativa en el Consejo Evaluación Ambiental Minera por su posibilidad de controlar la actividad y el cumplimiento de la ley, conceptos que compartió el legislador Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro)

Humberto Marinao (FpV) expresó su adhesión a la iniciativa que anunciara durante la campaña política el hoy gobernador Carlos Soria, en tanto que su par de bancada César Miguel entendió que éste es sólo uno de los muchos pasos “que debemos dar para avanzar en la calidad de vida a nuestros comprovincianos”.

Bautista Mendioroz (Concertación) se refirió al riesgo que implica la utilización y reutilización de “enormes cantidades de agua” en la minería de oro y plata. Al respecto citó un estudio del Departamento Provincial de Agua que daba cuenta que “un sólo emprendimiento insumiría toda el agua disponible para la región”, unos 27 litros por segundo, 2,3 millones 300 mil litros de agua por día, indicó.

Carlos Peralta (PJ), cerró el debate anticipando el voto positivo de su bancada y destacando también las funciones y transcendencia del Consejo evaluador participativo como punto central de esta ley.