29 diciembre 2011 Río Negro Comentar Consideró que "esto no hace más que sembrar incertidumbre e inseguridad, por lo que no es bueno para los empleados públicos, ni para el gobierno provincial ni para la democracia".

Si bien mencionó que una primera estimación habla de poner en disponibilidad a 20.000 empleados públicos, Mendioroz no descartó que si los municipios avanzan en el sentido de adherir a la ley, se llevará aquél número a cerca de 30.000 empleados públicos que están "bajo sospecha".

Mendioroz remarcó que "confiar no implica dar una herramienta de estas características a nadie, ni a Soria ni a Cristina, ni a Saiz, a nadie".

En cambio, expuso que "podríamos haber avanzado en un sentido al revés, que es conformar una comisión de investigación para detectar y hacer caer los casos que se denuncian".

"Estamos hablando de poner en disponibilidad a 20.000 empleados públicos de la planta permanente de la administración pública provincial, no de las becas ni los TYC u horas cátedras de educación no formal. Empleados con estabilidad constitucional", dijo.

"Le dije al gobernador y al vice que estamos dispuestos a acompañar alternativas que resuelvan lo que plantean los discursos y ahora lo ratifico con la más absoluta sinceridad; no queremos que se incendie nada, sino que queremos que a Soria le vaya muy bien, porque esto significa que le va a ir bien al pueblo rionegrino", destacó Mendioroz y agregó "pero esta no es la manera".

El legislador Adrián Casadei calificó a norma como "una ley ómnibus" la calificó como "como inconstitucionalidad" y resaltó que no existen antecedentes de una normativa similar en ninguna otra provincia. Y resaltó "confío en la palabra del presidente del bloque del Frente Para la Victoria pero tengo mis dudas sobre aquellos que son mas papistas que el papa". Y finalizó "lamentamos el tratamiento de esta ley".

Por su parte, el legislador Darío Berardi dijo "nunca pensé en discutir un proyecto como éste en democracia, debemos mirar para atrás y no alcanza con 28 años, tenemos que remontarnos a los gobiernos de la dictadura para encontrar este tipo de leyes" y aseguró "estoy convencido esto va a alterar la paz social".

Después, el legislador Leonardo Ballester estimó en el tratamiento del proyecto de ley del oficialismo que "no es preciso avanzar en la sanción de esta ley" y señaló que "la palabra disponibilidad ha generado un enorme miedo en todos los agentes públicos de la provincia".

"Lamentablemente, el miedo condiciona y vulnera la dignidad humana; y este miedo se ha trasladado también a todos los empleados municipales, porque uno de los artículos prevé que los municipios pueden adherir, a través de ordenanzas, a esta normativa", indicó Ballester.

Observó que el artículo 2º del proyecto de ley faculta al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias tendientes a la superación del estado de emergencia provincial y, en ese sentido, señaló que "ni Juan Manuel de Rosas tenía tanto poder, aunque eran otras circunstancias y otro contexto histórico", aclaró.

Para Ballester, ese artículo "vulnera y dilapida los principios republicanos de gobierno" y planteó que la propuesta "es inconstitucional porque va en contra de la Constitución nacional y provincial y afecta la dignidad humana", por lo cual anticipó el voto negativo.

A su turno, el legislador Alejandro Betelú señaló que "es una ley contradictoria, porque viola conceptos básicos del constitucionalismo moderno; la ley debe estar para limitar el uso del poder, para eso está la Constitución".

Observó que "el texto de esta ley presenta alguna contradicciones", aludiendo precisamente al artículo que establece quienes están sujetos a disponibilidad y marcó observaciones a otros alcances de la propuesta oficial, como la rescisión y renegociación de los contratos por razones de la impuesta emergencia económica.