Ballester presentó esta mañana un escrito en la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Viedma. Dijo a La Palabra que “hay fundadas sospechas de que la firma no sería de difunto gobernador, sino que habría sido hecha” por otra persona.

Aseguró que “implica una gravedad institucional grande” explicando que “esa resolución con una firma apócrifa deviene en una nulidad absoluta de todo lo que de allí en adelante sucedió”

“Esto trae consecuencias graves para el gobierno y los rionegrinos que nos vimos estafados en nuestra buena fe, al tener documentos públicos con firmas que no corresponden”, señaló luego.

Ballester desestimó lo manifestado ayer por su par del FPV, Alejandro Marinao, quien señaló que “son cuestiones que ocurren habitualmente cuando el máximo referente del Ejecutivo está de viaje y no puede firmar un documento”.

“Marinao debería saber que una ley no se puede aprobar a cualquier costo. Hay una normativa que respetar. Para eso hay una Constitución Nacional y una Constitución Provincial que regula y que nos dice como se deben dar los pasos necesarios para sancionar leyes”, remarcó Ballester.

“A mi juicio habría una nulidad absoluta, con la gravedad institucional que implica”, remarcando además que “un instrumento público implica que se actúa de plena fe y de él derivan un montón de actos que, si el inicial está viciado de nulidad, lo que sigue hacia delante no sirve”.

Ballester fue más allá y dijo que esta situación “es la punta del hobillo” haciendo referencia a “muchos decretos que no aparecen en Boletín Oficial”, lo que “da indicio que también habría decretos, que si tienen la firma del gobernador, podría ser falsificada”.

El legislador aseguró que desde le bloque se venía investigando esta situación “a partir del momento en que hemos pedido decretos, entre el 10 y 29 diciembre cuando hubo una actividad plena de Soria al frente del Ejecutivo, y hubo resistencia en brindar información”.

“Los decretos no aparecen. Inclusive hasta hemos evaluado la posibilidad de presentar un mandamus ante la Justicia para que se ordene al secretario de Legal y Técnica (Nicolás Rochás) a que entregue los decretos”, admitió.

“Tengo fe en que la Justicia se avocará rápidamente. Esto es sencillo. La Justicia debería cursar un pedido de información al ministro de Gobierno y al secretario Legal y Técnica, quienes deberían llevar rápidamente la información. Si tienen dudas llamarán a un perito para cotejar las firmas. Pero a simple vista salta que no es la firma de Soria”.