El dato se desprende de un pedido de informes que la legisladora Magdalena Odarda envió al Fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone. En ese marco, la parlamentaria le solicita que tome intervención ante este hecho, dado que Ferreyra “cumple o habría cumplido funciones recientemente” como gerente de la empresa de capitales canadienses.

Ferreyra fue designado por el gobernador Alberto Weretilneck el 28 de febrero pasado. En ese cargo reemplazó a Roberto Tronelli, quien no sólo fue funcionario durante la última dictadura militar, sino que además figuraba como "consultor medioambiental" en el proyecto Calcatreu.

“Creo que la designación de este profesional se contrapone a la Ley Provincial L 3550, de Ética e Idoneidad de la Función Pública”, señala Odarda en la nota. Explica que el artículo 4º de la norma expresa que “los funcionarios comprendidos en la presente Ley deberán garantizar en la actuación los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, respeto por las leyes de la Nación y de la Provincia de Río Negro, teniendo el deber especial de velar por el ordenamiento jurídico, la calidad institucional y la preservación de los valores democráticos”.

“El funcionario recientemente designado se desempeñó en el ámbito privado como gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Minero Navidad, perteneciente a Panamerican Silver, empresa que adquirió a Aquiline Resources los derechos de explotación del proyecto Calcatreu en Río Negro. También, anteriormente, se habría desempañado como Gerente de relaciones institucionales, comunitarias y medioambiente de la empresa minera Grosso Group, Minera Cileo Azul”, cuestiona la legisladora.

Asegura que “si bien desconozco si aún mantiene relación de dependencia con las empresas, es posible comprobar que durante el mes de diciembre del 2011 se desempeñaba como Gerente del Proyecto Navidad de Minera Argenta, subsidiaria de Panamerican Silver”.

En la nota, Odarda argumenta que estos datos fueron corroborados en una nota de prensa del 18 de diciembre del 2011 que puede verse en el link: http://www.miningclub.com/nota/1061.

Luego, la legisladora del ARI solicita a Ponzone “su intervención habida cuenta de la probable violación de la Ley L 3550 de Ética de la Función Pública”. Remarca que el artículo 19 señala que es incompatible con la función “ser miembros del Directorio o Comisiones Directivas, acreditarse como representante, gerente, apoderado, asesor técnico o legal, patrocinante o empleado de empresa privada que sean beneficiarias de concesiones o cualquier otra forma de adjudicaciones otorgadas por el Estado provincial o municipal y que tengan por esa razón, vinculación permanente o accidental con los poderes públicos” y también “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando servicio”.

“Quedo a la espera de una investigación que conduzca a la transparencia en la administración de los bienes comunes naturales de carácter público, ejerciendo un respeto irrestricto a las normas provinciales dictadas con ese fin. Tanto Panamerican Silver, Minera Cielo Azul y Grosso Group, tienen derechos y concesiones otorgadas por el Estado provincial. Para el caso de corresponder ponga en conocimiento de los antecedentes del caso al Fiscal en turno a los fines de que promueva la acción penal pertinente”, finaliza la nota de Odarda.