La parlamentaria argumenta que "desde Nación, como también desde algunas provincias y municipios, se trata de subsanar un vacío legal redactando normas de accesibilidad que hagan más fácil la realidad que padecen, no sólo los discapacitados, sino además las personas con movilidad reducida, adultos mayores y aquellos que padecen obesidad".

No obstante la intención de la normativa, explicó que ello "derivó que muchas veces esta legislación se torne inaplicable, dado que la temática es compleja y su realización muchas veces queda solamente en buenas intenciones".

La solución a esta problemática "debe comenzar por los edificios públicos, aunque de ninguna manera exceptuar lo privado. La gran mayoría son antiguos y algunos de ellos son patrimonio histórico, entonces parece imposible una solución global, sin destruir fachadas ni afear a ninguno. Sin embargo se puede trabajar seriamente en este sentido sin que esto signifique que tengamos que renunciar a la armonía ni a la belleza que algunos edificios poseen".

"Debemos lograr la disminución de las barreras, arquitectónicas, urbanísticas en los edificios a los que habitualmente acudimos para obtener información, asesoramiento, gestionar documentos, trabajar, aprender o disfrutar. Estos edificios forman parte de nuestra vida diaria y cualquier persona debe poder acercarse, acceder y desenvolverse en ellos sin ninguna dificultad por razón de su condición física, sensorial o intelectual", puntualiza la legisladora del ARI.

Para lograr este fin, dice, "es importante poder contar con un plan ordenador y global a fin de aunar criterios y comenzar a trabajar seriamente en políticas inclusivas".

La aplicación del Plan Nacional de Accesibilidad "nos permitirá lograr un diseño universal" indica Odarda, el cual "es concebido o proyectado desde su origen para ser utilizado por todas las personas, o el mayor número de ellas posible", concluye.