La iniciativa dispone  la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales que permitan que sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento.

La ley, avalada en primera vuelta, incorpora modificaciones al Código de Faltas de la Provincia de Río Negro–Digesto Contravencional”, entre ellas, la que establece sanción con arresto de hasta sesenta días, no redimible por multa, para quienes violen esta prohibición.

La norma prevé que de realizarse procedimientos en los que se detecten personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria, se resguardarán de manera integral sus derechos. Cuando éstas no pudieren acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiendo brindarle protección y contención, así como a su familia, mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Con la presencia en el recinto del Jefe de la Policía, Ariel Gallinger, el proyecto fue acompañado en forma unánime, aunque la oposición cuestionó el tratamiento sobre tablas y el “poco debate” que se le dio en comisiones.

La legisladora Susana Dieguez, autora de la iniciativa junto a Arabela Carreras, fundamentó la propuesta. Explicó que con esta la ley se está “dando el inicio de una discusión profunda y el puntapié para un cambio cultural”.

“Lo cultural no se soluciona con una ley, pero es algo”, señaló la legisladora. “Que hoy hagamos visible esta problemática de explotación sexual y de las complicidades políticas y policiales, ayuda a las víctimas”, consideró.

Carreras, por su parte, expresó que con esta ley se está “combatiendo el proxenitismo y la trata de personas”. Argumentó que el proyecto aborda “una de las formas contemporáneas de la esclavitud”.

Aclaró que la norma no avasalla las autonomías municipales porque se trata de una “norma superior”. Propuso a la iniciativa como “una herramienta que le sirva al Poder Ejecutivo para poder combatir esta actividad ilegal”.

A continuación, la legisladora Liliana Geminiani manifestó su acompañamiento a la propuesta, haciendo una breve descripción de la problemática en la zona del puerto de San Antonio.

Por la oposición, Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro), Cristina Uría y Leonardo Ballester (Concertación) manifestaron su acompañamiento al proyecto, pero coincidieron en criticar el “poco debate” que la iniciativa tuvo en comisiones y pidieron que entre primera y segunda vuelta se pueda analizar la propuesta con tiempo para realizar los aportes necesarios.

El presidente del bloque del FpV, Pedro Pesatti, cerró el debate desestimando las críticas de la oposición. Consideró que el debate se dio en distintos momentos e instancias. Calificó a la ley como “trascendental” para la provincia de Río Negro y aseguró que es el producto de una “definición política” del Frente para la Victoria.

Oposición considera necesario más debate

Los legisladores Cristina Uría y Leonardo Ballester, del bloque Alianza Concertación, ratificaron el voto favorable al proyecto del oficialismo, pero señalaron que hubo poco debate en las comisiones y escasa participación por parte de los distintos actores de la sociedad rionegrina.

Inicialmente, Uría anticipó, desde una concepción ideológica y de género, su voto favorable personal y de su bloque a la iniciativa en debate en el recinto parlamentario

Además, consideró necesario incluir en lo relacionado a la trata de personas no solo a las mujeres, sino también a niñas y adolescentes y planteó imprescindible diferenciar prostitución y prostitución forzada.

“Más allá de la reglamentación, de la norma y de la regulación, en este tema debe ser partícipe toda la sociedad y también es necesario que los docentes enseñen, inculquen y adviertan a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos a los cuales deben estar conscientes y tener presente en todo momento”, destacó la legisladora de la Alianza.

Uría describió que, según cifras de UNICEF, de 4 millones de víctimas por año en el mundo, el 30 por ciento son mujeres menores niñas y adolescentes y agregó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de 12 millones de personas que padecen diferentes situaciones de esclavitud, no solo sexual, sino también laboral. Detalló que América Latina tiene, también según la UNICEF, 2 millones de personas explotadas sexualmente.

Aún cuando reiteró el acompañamiento al proyecto en análisis, Uría observó que “una norma de estas características, que pretende regular un tema tan trascendente para la sociedad, para las niñas, adolescentes y mujeres, que son los sectores más vulnerables de la sociedad, ha tenido muy poca posibilidad de debate en las comisiones y escasa participación de otros actores de la sociedad”.

“En este caso, hubiese sido muy interesante que quienes serán autoridad de aplicación hayan sido invitados a las diferentes comisiones para que brinden aportes y estadísticas, con el propósito de escuchar diferentes voces”.

Finalmente, Uría solicitó que entre la primera y segunda vuelta se marque el tiempo suficiente para que “todos podamos aportar, debatir y aclarar dudas en las comisiones”.

Por su parte, Ballester dijo coincidir con el espíritu del proyecto y refirió que, según las autores del proyecto, el objetivo no es penalizar la prostitución, sino combatir la trata de personas.

“Cuando hablamos de trata no nos referimos solo a la esclavitud sexual, sino que es un delito mucho más amplio, un delito de lesa humanidad que viola los derechos humanos. Cuando hablamos de trata de personas hablamos de un comercio ilegal de personas, con propósito de esclavitud”, remarcó Ballester.

Explicó además que “se cree que hay en la Argentina unos 20.000 talleres con mano de obra esclava trabajando, en condiciones infrahumanas y eso también es trata de personas y un delito”.

Ballester reconoció que “este proyecto reconocen no es la solución milagrosa”, estimó necesario escuchar a representantes de todas las instituciones de la comunidad, mostró predisposición en contribuir a mejorar esta herramienta y planteó que es imprescindible un amplio debate sobre esta ley en las comisiones.