El presidente del CFT, dio la bienvenida a todos los presentes y agradeció al gobernador por la predisposición de la provincia para la realización del plenario. “Esperamos que esta reunión sea fructífera y que cuando culminemos hayamos logrado todos los consensos que sean necesarios para seguir trabajando” dijo.

En la provincia puntana de San Luís han desarrollado dos jornadas de trabajo muy intensas el 16 y 17 de mayo pasado abordando diferentes temas, entre los que se destacan  con un unánime consenso de todas las provincias  la sanción de la Ley 26.844 y la adhesión del CFT de la Ley 26.847.

En el primer asunto expresaron el Beneplácito por la sanción de la Ley 26.844 Régimen de trabajo para el personal de casas particulares  a la que calificaron como “Vieja rémora de la esclavitud y declaran que esta Ley viene a saldar una deuda social por que termina con una norma vigente por 60 años, los principales derechos que esta Ley otorga tiene que ver con : la limitación de la jornada laboral,  sus descansos, la equiparación del régimen de licencias con las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo y la protección de la maternidad entre otros derechos.

En el segundo asunto abordaron la incorporación del artículo 148 bis al código penal surgida a través de la Ley 26.847 que tipifica como delito penal el trabajo infantil, en la declaración manifiestan que “ la realización de cualquier modalidad de trabajo tiene consecuencias perjudiciales para el desarrollo físico y social del niño o niña, restringiendo el disfrute de los derechos fundamentales para su crecimiento y desenvolvimiento” asimismo plantearon que “ el objetivo primario debe ser erradicarlo definitivamente (el trabajo infantil) para que seamos un país donde los niños jueguen y estudien, los adultos trabajen y aquellos que utilicen el trabajo infantil sean fuertemente sancionados”.

Por último trataron varios proyectos destacándose la creación de una norma que determine las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los trabajadores rurales y la obligatoriedad de las empresas privadas de ocupar personal con alguna discapacidad en un porcentaje del 1 % sobre el total de trabajadores que tengan en relación de dependencia.