"Como lo expuse durante la sesión, siento el deber de ponderar el trabajo que hizo el actual titular del IPPV y ex legislador Luis Bardeggia, que ya en 2008 comenzó a reunir indicios y pruebas de lo que hoy nos permite determinar como la más grande estafa que se ha perpetrado contra el patrimonio de la Provincia, y cuya primera denuncia fue radicada en la justicia por Bardeggia y el ex legislador Luis Bonardo en setiembre de 2010 -explicó el parlamentario”.

Pesatti puntualizó también: "La justicia tiene que resolver dieciséis denuncias por transferencia irregular de tierras del dominio público al dominio privado, 70 mil hectáreas que en su mayoría corresponden al Departamento Catastral de El Bolsón y cuyo valor es francamente inconmensurable pues quienes entienden sobre el negocio inmobiliario consideran que son propiedades que por su valor se pueden considerar entre las más caras del país. En función de estos casos y sin excepción -precisó el legislador- la fiscal a cargo Daniela Zágari encontró motivos suficientes para promover acción penal, imputando al ex  gobernador Miguel Saiz, al ex ministro de la producción Juan Acattino y a los ex funcionarios del área de tierras de la provincia durante el gobierno anterior, Jorge Belacin y Daniel Tait".

"Las evidencias surgidas -agregó- dan cuenta de un proceso de adjudicación de tierras fiscales a precios irrisorios, seguida de la inmediata reventa a terceras personas, físicas o jurídicas, violando con premeditación y alevosía la ley 279 de tierras y los decretos reglamentarios. En todos los casos se puede advertir que se trata de inmuebles rurales ubicados en zona de seguridad de fronteras y sujetos a servidumbres por nacientes y corrientes de agua, ubicados en zonas que poseen una dotación de recursos naturales, ambientales y paisajísticos únicos que fueron vendidos a precio vil”.

"Cuando uno caracteriza este proceso, lo primero que se puede observar es que existen adquirentes que lo son sólo en apariencia, es decir, titulares que fueron beneficiarios de la adjudicación en venta, por cifras ínfimas y que rápidamente enajenaron la propiedad a favor de terceras personas, quienes resultan ser los verdaderos interesados en detentar lapropiedad. En El Bolsón -explicó Pesatti- el Estado Provincial transfirió  dos campos que juntos suman 10 mil hectáreas a 27 pesos la hectárea. Luego de tres meses de la adjudicación inicial, el campo fue transferido o vendido a favor de un tercero y éste, transcurrido cinco meses, lo transfirió o revendió a la cónyuge del Presidente que en 2008 tenía EMFORSA. Finalmente, en una nueva reventa, esos campos terminaron en manos de un extranjero, titular del grupo empresario BURCO S.A. que ya había sido adjudicatario de 7.080 hectáreas en la zona del Cerro Carreras, un cerro con actividad glaciaria y nacientes de cuatro ríos: río Chubut, río Foyel, río Villegas y río Pichileufu”.

"Este solo ejemplo -acentuó el titular del bloque del Frente para la Victoria- sirve con claridad para entender que la autoridad de aplicación de la Ley de Tierras de la Provincia actuó con alevosía y premeditación, circunstancia que sólo es concebible si en el proceso hubo participación del Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro y la Subsecretaria de Tierras”.

"Por ello no tengo dudas que estamos frente a una tremenda estafa que al mismo tiempo demanda una enérgica acción del juez Reussi -dijo finalmente Pesatti, y agregó: "Este magistrado tiene la causa en sus manos y lamentablemente muestra escasa actividad, por lo cual es necesario que aplique el máximo esfuerzo para que no quede en la impunidad un hecho que tiene responsables políticos y privados, y una clara consecuencia contra el patrimonio de la Provincia”.