Se trata de 24.648 hectáreas de origen fiscal adjudicadas a 9,18 pesos por hectárea, mediante una tramitación irregular dictaminada recientemente "de nulidad absoluta" por la Dirección de Tierras y por la Fiscalía de Estado.

Resta sólo la promulgación del Poder Ejecutivo para que el Estado rionegrino recupere los lotes adquiridos oportunamente por un particular, tras comprobarse una serie de irregularidades en la operación de adjudicación, así como el precio vil abonado, por lo que el adquirente no recibirá indemnización alguna.

Satisfacción del Miguel

Luego de la sanción de la iniciativa, el presidente de la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Fiscales, legislador César Miguel (FpV), manifestó su satisfacción por la aprobación de la norma y señaló "la importancia que tiene la Legislatura de Río Negro que, gracias a la decisión de la mayoría, cumple con un acto soberano" que permitirá definir ahora el destino de esas tierras.

Miguel destacó el proyecto de ley originado por la legisladora Magdalena Odarda (ARI) y luego modificado por la comisión que preside, así como la tarea llevada adelante por el ex legislador Luis Bardeggia, "que nos permitió hoy concretar este hecho trascendente y ejemplificador que servirá de guía para el trabajo que desarrollaremos de ahora en más en esta materia".

Entre las irregularidades detectadas, Miguel señaló que las más de 24 mil hectáreas "fueron adjudicadas a través de la entrega de tres predios distintos y en contra de lo que prescribe la ley provincial de Tierras, ya que supera la unidad económica establecida de 15 mil hectáreas y porque sólo se puede adjudicar un campo por titular".

El legislador Miguel reiteró que aquella operación inmobiliaria se realizó "a un precio irrisorio y en cinco cuotas de las que (el comprador, Mauricio Monte) pagó sólo una, y encima con un descuento del 10 por ciento".

Por otra parte señaló que "se ha tratado de ubicar al señor Monte, pero nunca se lo ha podido encontrar para notificarlo de esta situación, porque nunca ha vivido en el campo, nunca ha estado en ese lugar. Las tierras están hoy abandonadas, nunca tuvieron destino de producción, y esto sólo permite presumir un negocio de especulación inmobiliaria".

El presidente de la comisión legislativa de Tierras Rurales recordó que en el acto de adjudicación "no intervino en su momento el área de Medio Ambiente, por entonces el CODEMA, que debía inspeccionar y dar dictamen por tratarse de un área protegida, otro argumento que reforzó la necesidad de recuperar esas tierras que encierran un valor inestimable para el patrimonio provincial".