Desde la entidad ofrecieron un detallado informe en el argumentan su posición ante el proyecto que propone la creación de la verificación técnica edilicia habitacional. La iniciativa dispone que todo propietario que alquile una vivienda estará obligado a conservar cualquier parte del edificio y sus instalaciones complementarias en perfecto estado, cumpliendo las normas de seguridad a fin de que no pueda comprometer la seguridad y salubridad de sus habitantes o de terceros.

"Es un proyecto de ley demagógico. Estamos en época de campaña y quieren captar voto de los inquilinos, que son la mayoría. Esto es jugar con la necesidad de la gente", cuestionó la titular de la entidad en diálogo con FM DE LA COSTA.

Además, criticó que el legislador "pretende poner penas de suspensión de matrículas de dos a cinco años".

"Hay propiedades que son lamentables en las condiciones en que se alquilan. Muchas veces las inmobiliarias no toman esas viviendas", sostuvo.

"Vargas nos subestimó. Nunca nos consultaron y no es la primera vez que nos pasa. Los legisladores legislan junto a sus asesores y esos asesores jamás consultan a los cuerpos colegiados", dijo luego.

Los argumentos 

En un comunicado, el Colegio detalló los argumentos por los que se opone al proyecto de Vargas. "En primer lugar, cada inmobiliaria está representada por un profesional responsable, cuya función es acercar a las partes y velar por un justo convenio entre ellas. Los propietarios acercan sus viviendas para alquilar, las que son ofrecidas de acuerdo con las posibilidades económicas de cada grupo familiar", dijeron.

Agregaron que "previo a la contratación se lleva a los interesados a que vean sus futuros hogares, decidiendo cada uno conforme a lo que conviene teniendo en cuenta amplitud, ubicación, servicios y precio".

"Los contratos, según la Ley de alquileres, en el caso de viviendas tienen un plazo mínimo de  dos  años y durante ese periodo se atiende a los inquilinos en todas sus preocupaciones, referentes a problemas de servicios de agua, luz, cloacas, gas, detalles de albañilería y otros menesteres", sostuvieron.

"Nuestra función, no sólo es cobrar el alquiler, como sugiere el legislador, dado que ambos, propietario e inquilino son nuestros clientes, sino velar para que esa relación sea lo más armónica y equitativa posible", añadieron desde la organización.

"Independientemente de atenderlos como corresponde, los inquilinos cuentan con las oficinas de Defensa del Consumidor, Defensoría del Pueblo, Inspección e Higiene Municipal y otras, para manifestar alguna disconformidad ya que es lógico y correcto que se deben proveer los servicios como corresponde", dijeron luego.

Indicaron que "los propietarios, por su parte han invertido en un negocio lícito, regulado, ya controlado por el Código Civil, supliendo una necesidad que el Estado aún no ha podido solventar".

"Es extraño, que un legislador pretenda regular mediante leyes la actividad privada, agregando nuevos controles, nuevas limitaciones, más burocracia, más erogación para el Estado", opinaron.

Desde el sector hablaron de "nuevos controles, que por otra parte ya existen a través de las empresas, suministradoras de los servicios, perfectamente organizadas y reguladas por el Estado; nuevas limitaciones, lo que retaceará aún más las ofertas de viviendas y dejará a otras fuera de mercado con el consiguiente perjuicio para los que no tienen suficientes recursos y más burocracia, dado que se pretende crear organismos de controles, que controlen a los profesionales, que controlan a las Empresas, que a su vez controlarán el estado de cada vivienda. De ser así ¿cómo se hará en los pequeños parajes de la Línea Sur, en los barrios periféricos, etc.? ¿O quizás la ley no será pareja para todos?"

Además, señalaron que esto significará "más erogación para el Estado, que no sólo será relacionado a los sueldos de los funcionarios y empleados de esa nueva repartición, sino también la responsabilidad que asumirá respecto de problemas que pudieran surgir luego, por ejemplo: en caso que una vivienda aprobada tenga un siniestro; o ese mismo siniestro en una vivienda no autorizada".

"Hoy, es problema de las partes contratantes, mañana será del Estado, ya que fue quien en última instancia dio o no su aprobación, debiendo hacerse cargo de los juicios que pudieran surgir", indicaron en un comunicado.

Finalizaron manifestando que "es una lástima que habiendo tantos proyectos de Leyes para acercar soluciones a la población, se esté perdiendo el tiempo en actitudes como ésta trayendo notables perjuicios a una actividad valiosa instalada y regulada desde el siglo pasado, que da verdadero respaldo a los contratos entre las partes para el bienestar general.