El primer reclamo desoído por esta reforma es el de haber declarado al acceso al agua potable como un derecho humano fundamental e inalienable, lo cual obedece a los intereses de las mega mineras, petroleras y sojeras que vienen contaminando la misma a través del uso de agro tóxicos  . El artículo que contenía este derecho había sido propuesto por los juristas que elaboraron el proyecto original, pero fue el Ejecutivo Nacional quien se encargó expresamente de quitarlo antes de su envío al Congreso Nacional, y a pesar de los reiterados reclamos de las organizaciones ambientales y de derechos humanos en las diferentes audiencias públicas, la mayoría gubernamental en la Comisión Bicameral ha decidido no volver a incluirlo.
Ante las unánimes voces de los representantes de los pueblos indígenas vertidas en todo el país, finalmente el Dictamen oficial de la comisión bicameral decidió restar entidad a la discusión y dejar para una ley especial la regulación de la propiedad comunitaria indígena y la personería jurídica indígena; pero en franca violación con el principio de preexistencia reflejado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, pretende igualmente a través del artículo 18 exigir el otorgamiento de la personería jurídica como requisito previo al reconocimiento de los territorios y de otros derechos culturales que por naturaleza corresponden a los pueblos indígenas. Todo este proceso además adoleció del vicio inicial de la falta de consulta libre, previa e informada, lo que anulaba de por si cualquier avance que se hubiera pretendido hacer al violentar abiertamente el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 18 y 19 de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
La tradicional institución del “Camino de Sirga”, permite hasta hoy establecer que “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización” (art. 2639). Sin embargo, el Dictamen de la Comisión Bicameral insiste en reducir ese espacio de 35 a 15 metros en su nuevo artículo 1974.
Es decir que la reforma propuesta no solo que implica un grave retroceso en esta materia, sino que se pierde la oportunidad histórica de haber regulado lo que desde hace años las organizaciones sociales y ambientalistas vienen reclamando y lo expresaran claramente en las audiencias públicas: la creación de un nuevo tipo de espacio público que constituya a las costas en un “bien común”, destinado primordialmente a la preservación del medio ambiente y a evitar su contaminación y degradación; a la recreación y al buen vivir de todos los habitantes. El mismo debería ser inenajenable, inembargable e imprescriptible y no ser menor de 35 metros contados desde la línea de ribera, dado que los 15 metros que propone el proyecto de Reforma y Unificación resultan sumamente insuficientes para garantizar tales objetivos.
Ni que hablar de la carencia absoluta de responsabilidad del estado que pretende imponer este reforma, dejando impunes a los funcionarios y desvalidos a los habitantes que pudieran resultar víctimas del mal accionar del estado por acción u omisión. Senadores del oficialismo hablan de los “derechos del estado”, pretendiendo soslayar los justos reclamos de los particulares damnificados bajo el manto de la “industria del juicio”.
En definitiva, las problemáticas aquí planteadas han venido sufriendo en nuestro país el avance de los intereses privados por sobre los intereses públicos, por lo que la reforma propuesta debiera haber desandado el camino ideológico de exclusión llevado adelante por los distintos gobiernos de facto y poco se ha avanzado en ese sentido, quedando pendiente para el Congreso de la Nación la obligación de legislar conforme los nuevos principios de los derechos humanos y de los derechos ambiental e indígena, todo ello en favor de las necesidades, el bienestar y la realización de todos los argentinos.
Dra. María Magdalena Odarda
Senadora Nacional Electa Frente Progresista RN