Por Pedro Pesatti (*)

Argentina tiene ante sí dos espejos en los que mirarse. Angola, un país que recibió inversiones extraordinarias, exportó crudo durante décadas y consolidó una economía petrolera profundamente desigual, dependiente y frágil. La renta entró por un caño y salió por otro. Dejó divisas, privilegios y fortunas privadas, pero una estructura incapaz de sostener el desarrollo de la nación o de generar condiciones de justicia social para su pueblo. En una palabra: el país no pudo salir del pozo, aunque de los pozos de hidrocarburos salieron billones de dólares que se esfumaron frente a las narices de los angoleños.

Noruega representa el camino opuesto. No se subordinó a la lógica del mercado: construyó una empresa estatal eficiente, fijó reglas fiscales severas, exigió contenido local y creó un fondo soberano. No resignó impuestos frente a las grandes empresas; por el contrario, supo gravar con inteligencia la explotación de un recurso que, como oportunidad, pasa muy rápido. Para desmentir los discursos dominantes en la Argentina, Noruega intervino sin dudar en el negocio y convirtió un país petrolero en un país comprometido con políticas de desarrollo integral, eludiendo las trampas de todo enclave extractivista que busca convertir al dueño de los recursos en el esclavo de un puñado de vivos. El norte europeo, en general, confirma el mismo principio: Estado activo, educación, innovación, política industrial y justicia social.

Arturo Frondizi, al lanzar la “Batalla del Petróleo”, dejó una advertencia vigente: “cada paso que demos hacia ese objetivo será un paso hacia la transformación de nuestra estructura económica”. La energía adquiere sentido nacional cuando deja de ser una mera mercancía exportable y se convierte en palanca de transformación productiva. En consecuencia, si la riqueza no es conducida por políticas públicas hacia modelos de desarrollo con inclusión social, se concentra irremediablemente en pocas manos. Esa es la enseñanza de Noruega y la advertencia de Angola.

No hay ninguna duda de que el petróleo, el gas y la minería pueden ser una bisagra: pueden abrir la puerta del desarrollo, pero también la de una nueva desdicha. Con Milei, abrazado ahora a un “súper RIGI” que se perfila como una nueva versión de la entrega más descarada, vamos camino a convertirnos en un enclave extractivo que no alcanzará siquiera para garantizar el trabajo suficiente a los comprovincianos de las regiones donde se encuentran los recursos naturales.

El entusiasmo automático de quienes celebran las obras puntuales que requiere la industria extractiva oculta una verdad incómoda: buena parte del empleo que hoy demanda la infraestructura petrolera tiene fecha de vencimiento. Un gasoducto se construye una vez; un oleoducto se tiende una vez; una planta se monta una vez. Cuando la cuenca complete la infraestructura necesaria para extraer, transportar y exportar, la fase operativa requerirá infinitamente menos mano de obra que la etapa de construcción. Presentar ese empleo transitorio como una solución de largo aliento es una operación engañosa: confunde el andamio con el edificio, promete permanencia donde solo hay transición y genera expectativas que se verán frustradas cuando las obras terminen.

El verdadero empleo será el que nazca de la renta hidrocarburífera si la Argentina decide razonablemente apropiarse de ella para transformarla en desarrollo. La renta de Vaca Muerta y la minería debe financiar infraestructura general, modernización ferroviaria, crédito productivo, ciencia, tecnología, universidades, pymes proveedoras, comercio, formación profesional y economías regionales. Si la renta fortalece la fruticultura, la pesca, la agroindustria, la metalmecánica, la logística, el turismo y las industrias del conocimiento, el subsuelo habrá cumplido una función histórica. Si apenas facilita exportaciones y ganancias extraordinarias a actores concentrados, repetiremos el fracaso angoleño con acento argentino.

Para lograrlo, hace falta un Estado que planifique, oriente, regule, invierta y articule. La inversión privada es necesaria, pero no tiene como mandato el desarrollo integral de la Nación; ese mandato le corresponde a la política. En este punto, el gobierno de Javier Milei revela su incapacidad absoluta. Está impedido por su sesgo ideológico: niega al Estado como herramienta de desarrollo, ridiculiza la planificación, desprecia la política industrial y reduce toda intervención estatal a un obstáculo. Además, está condicionado por compromisos con intereses concentrados, ajenos al trabajo argentino, a las pymes, a las provincias y a las próximas generaciones.

Por ello, este gobierno no puede administrar la riqueza natural de la Argentina hacia modelos de desarrollo con inclusión social; solo facilitará que esa riqueza se concentre en pocas manos. Su política de ahogo a las provincias demuestra que el federalismo, bajo esta concepción, ha dejado de operar como un principio real de organización nacional. Ha sido reducido a una invocación ocasional, útil solo cuando conviene al poder central, pero despojado de toda sustancia histórica, como lo demuestra el mamarracho del llamado “Pacto de Mayo”.

Desde la Patagonia y desde cada rincón del país debemos recuperar el compromiso con los valores del federalismo, que son los valores fundamentales de la Nación: equilibrio territorial, justicia distributiva, integración productiva, respeto por las autonomías provinciales y construcción de un destino común. Esa mirada debe preparar las condiciones políticas, institucionales y programáticas para un nuevo gobierno en 2027, comprometido con el desarrollo integral de la Argentina y con provincias persuadidas de que no existe ningún proyecto provincialista sin un proyecto nacional que las comprenda.

(*) Vicegobernador de Río Negro