El dirigente sindical recordó que hace dos meses los trabajadores de DPA se declararon en alerta por la distribución de este fondo y en ese momento “había quedado más o menos acordado que en caso de que no pudiéramos avanzar en ningún cambio íbamos a iniciar una nueva ronda de medidas”.

Recordó que en ese momento se logró reinstaurar la comisión de seguimiento y monitoreo del premio estímulo, pero “no se pudo avanzar en nada, porque no hay voluntad de hacer un cambio”.

Esta comisión de seguimiento tiene tres integrantes representantes de los trabajadores y otros tres de la empresa. “Nosotros queremos que el premio estímulo se distribuya de mejor manera. Hay profesionales o personal jerarquizado que está cobrando más premio estímulo que sueldo”, dijo Pizzio.

Aseguró que “por eso no se mueven mucho y no hay voluntad de cambiar nada, más allá de que manifiesten lo contrario. Hay un doble mensaje”.

Pizzio dijo que se reunió con el titular del DPA, Juan Gardés, y en ese marco “le manifesté que teníamos serios problemas y él me volvió a asegurar que la voluntad estaba puesta al servicio de cambiar lo que se pudiera”.

“De palabra está todo muy lindo, pero no se traslada a los hechos. La gente se cansó mucho”, dijo.

Aseguró que eso además se suma a “malos tratos en la empresa y una seria dificultad para entenderse con los técnicos y profesionales del organismo”.

La polémica

La situación de malestar por la mala distribución de este premio surgió hace poco más de dos meses. En esa oportunidad, LA PALABRA informaba que los funcionarios del DPA cobran, además de importantes salarios, un premio estímulo que va entre 12.000 y 14.000 pesos.

El monto, que en algunos casos podría significar un sobresueldo, supera en varios miles de pesos al adicional que percibe un trabajador. 

En el DPA, el premio estímulo surge de un porcentaje fijo del haber mensual. La diferencia entre el pago mínimo y el máximo en este concepto no superaba el 20%, hasta que el gobierno decidió aplicar los denominados “megasueldos” y la diferencia se disparó.

"Antes, por este adicional, un trabajador cobraba 800 pesos y un funcionario 1.500; ahora ese trabajador cobra 1.000 pesos y el funcionario entre 12.000 y 14.000 pesos", advirtía Juan Carlos Scalesi, líder de UPCN.