La resolución  reconoce el derecho al goce de la asignación  y licencia por maternidad de la peticionante, quien se desempeñó  como  Directora General de Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaria Privada de Gobierno. El fallo  detalla que por  Ordenanza 2143-CM-11 el Municipio adhirió a la Ley Provincial 4542 (Régimen de licencia por maternidad o adopción unificado), que dispone  para todos los agentes públicos que se desempeñen en el ámbito del sector público provincial, la licencia por maternidad de ciento ochenta (180) días corridos, debiendo iniciarse la misma  con una antelación no mayor a los treinta (30) días anteriores a la fecha probable de parto.

El fallo desestimó el reclamo efectuado en relación a la validez de la resolución 110/2013, al considerar que el municipio designó a la actora dentro de la planta funcional política a partir de 29/12/11 y resolvió, en uso de las atribuciones que la Carta Orgánica Municipal  remover a funcionarios de la planta política a partir de 18 de diciembre de año 2012, nómina en la que figuraba. Por lo expuesto,  no se violó la normativa aplicable, solo que,  la decisión del ejecutivo municipal quedó en suspenso hasta la plena realización de un derecho adquirido de la actora, (uso pleno de la licencia por maternidad previamente otorgada), ya que  no  nunca gozó  de estabilidad propia del empleado público, por el carácter político de su designación,  y la licencia otorgada no transformó ni mutó el carácter de la designación.

De igual manera se pronunció en relación a la petición de "indemnizaciones por despido" -antigüedad, preaviso e integración y agravada por maternidad- en tanto considera que la renuncia aceptada no tuvo su correspondiente consentimiento.  En este sentido la Cámara Laboral no propició el reconocimiento del derecho a indemnización alguna por despido. Tampoco la de un reconocimiento de una "indemnización autónoma por despido por causa de maternidad"  ya que la clara motivación de la remoción fue la suspensión en el cargo del ejecutivo municipal y consecuente remoción de la totalidad de la planta política designada por el suspendido intendente Goye y no un acto discriminatorio contra la actora.

 El voto rector  correspondió a la Jueza Marina Venerandi, voto al que adhirieron sus pares, los Jueces Juan Lagomarsino y Rubén Marigo.

 Antecedentes

La causa se inicia con la presentación  realizada por una empleada de planta política que se desempeñó en el cargo de Directora General de Comunicación Institucional, dependiendo de la Secretaria Privada de Gobierno. Hizo saber que fue designada por resolución 76-I-2012 y dentro del organigrama dictado por la ordenanza 2275-CM-2011. En su presentación se consigna que en abril del año 2012, la actora queda embarazada, por lo que procedió a notificar al Municipio a través del Departamento  de Personal (Dirección de Salud Laboral), conforme planilla ingresada al “Departamento de Medicina”  en la que constan todos los datos pertinentes , iniciando su licencia por maternidad el día 1/12/2012, (previo a ésta fecha tomó 14 días corridos correspondientes a vacaciones de tal año)

En el mes de  Enero de  2012 el Concejo Deliberante suspendió las funciones de quien era  Intendente,  Sr. Omar Goye,  como es de público conocimiento. En esa oportunidad   el Ejecutivo Municipal  dicta resolución Nº 110/2013 por la que se establecía una nómina de funcionarios políticos a quienes  se les aceptaba la renuncia. Que tal renuncia no fue suscrita ni consentida por la actora.  Posteriormente y durante el mes de Febrero del año en curso  y ante el estado de incertidumbre generado, estando de licencia solicitó se aclare su situación laboral e impugnó la resolución emanada por el Intendente  Goye, bajo apercibimiento de considerarse injuriada y despedida por exclusiva culpa del empleador. El  Municipio  negó  la posibilidad de realizar un nuevo acto administrativo que regularice la situación laboral. En atención a ello hizo efectivo apercibimiento y se consideró injuriada y despedida en 11/03/2013, por lo que solicitó  la anulación de la resolución del ejecutivo municipal Nº 110/2013. Sostuvo en su presentación  la aplicación analógica de la Ley de Contrato de Trabajo  atento al vacío legal respecto de los trabajadores de "planta política."

La Municipalidad de Bariloche, al contestar la demanda,   efectúa una negativa puntual de los hechos señalados por su contraria. Afirma que conforme resolución 76-2012 la  demandante asumió el día 29/12/2011 el cargo de "Directora de General de Gestión Institucional", organismo que entonces dependía de la Secretaria Privada (intendencia), conforme ordenanza N° 2275-CM-11 y sus anexos I y II, norma que a la fecha se encuentra abrogada.-

Aclaró el municipio que  la designación se realizó en base a las atribuciones que posee el intendente municipal conforme lo reglado en la Carta  Orgánica Municipal . En este sentido señaló que la ex-funcionaria  ingresó a la estructura municipal como funcionaria de carácter político, por lo no le es aplicable el Estatuto de Obreros y Empleados Municipales como expresamente ella lo reconoce en su demanda y tampoco le es aplicable Ley de Contrato de Trabajo N° 20. por aplicación de su art. 2° excluye . Solicitó en definitiva,  se rechace la demanda en todos sus partes, con costas a la accionante.