Las parlamentarias explicaron que la PROCUVIN “tiene como finalidad limitar y eliminar la aplicación, por parte de agentes estatales, de torturas; la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo estatal, entre otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional”.

Además, afirmaron la necesidad de “visualizar esta problemática, a través de la participación y el debate junto a nuestros jóvenes, intercambiando propuestas y experiencias, partiendo siempre de la base de que la seguridad no se limite a una cuestión punitiva o directamente represiva”.

Asimismo, las legisladoras contextualizaron: “lamentablemente los años 90 impusieron una política represiva de las fuerzas de seguridad hacia los más vulnerables, y peor aún, instalaron un discurso social que atraviesa todos los ámbitos, estigmatizando a nuestros jóvenes más pobres como peligrosos y potenciales delincuentes”.

“Los jóvenes han recuperado el rol protagónico que le habían arrebatado durante tantos años; sigamos trabajando, entonces, en nombre del Estado y contra todo tipo de abuso institucional, contra las arbitrariedades, las discriminaciones y los estereotipos hacia los más desprotegidos, en pos de una sociedad más segura y en función de políticas públicas inclusivas”, finalizaron Dieguez y Horne.