El futuro organismo será responsable de realizar el control y revisión del referido protocolo, creando al efecto una comisión de carácter permanente observadora y de control para el seguimiento de la aplicación del mismo, dentro del marco y las condiciones que establecerá la normativa vigente.

La iniciativa sobre la candente problemática fue presentada por los legisladores Alfredo Pega, Marta Milesi, Daniela Agostino, Cristina Uría, Francisco González, Alejandro Betelú y Darío Berardi.

Si prospera la propuesta, el denominado Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas estará integrado por representantes de los Ministerios de Gobierno, Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo Social, Justicia, Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática., Legislatura y Secretarías de Derechos Humanos y de Trabajo.

Los legisladores indicaron que la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas, niños y adolescentes es un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta y que “es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres. Además, constituye el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas y drogas”.

Entre otras extensas consideraciones en la materia, explicaron que “es imprescindible contar con información específica sobre el tema para conocer sus alcances y dramáticas consecuencias en el desarrollo evolutivo de niños, niñas y adolescentes”.

“Estamos convencidos que se debe trabajar en la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de sus autores, por ello resulta imprescindible definir los mecanismos de articulación interinstitucionales que propendan a la adecuada asistencia de las víctimas de la trata de personas, optimizando las prestaciones y el cuidado de las mismas. Y compartimos que resulta necesario para el completo abordaje de esta problemática, centrarse en tres pilares fundamentales: la prevención y persecución del delito de explotación y trata de personas, así como la protección a sus víctimas”, agregaron.

Del proyectado Consejo Interinstitucional, destacaron que “es de gran importancia la tarea que debiera llevar adelante, habida cuenta de las funciones establecidas por ley y la composición del mismo. En este punto, debemos decir que se trata de un cuerpo colegiado con representación legislativa, que cuenta con un solo representante por lo que proponemos la modificación de la norma, estableciendo un legislador por la mayoría y otro por la minoría”.

Recordaron que “el Poder Ejecutivo Nacional ha avanzado en la definición de un protocolo de actuación, que han suscripto la mayoría de las jurisdicciones. Este es un antecedente de importancia, ya que ante la gravedad del caso se debe avanzar en protocolos provinciales que contemplen la realidad local, tal lo ha hecho la provincia de Entre Ríos”.

Y concluyeron: “En la seguridad que debemos aunar no solo voluntades, sino acciones es que desde nuestro bloque proponemos avanzar en la normativa y establecer un Protocolo Interinstitucional de acciones tendientes a la prevención, asistencia y recuperación de las personas víctimas de la delito de trata”.