Los parlamentarios definieron la gestión de riesgos como un componente del proceso de gestión del desarrollo global-sectorial, territorial, urbano, local, comunitario y de la gestión ambiental, en búsqueda de la sustentabilidad, mediante un enfoque y práctica que debe resultar transversal a todos los procesos y actividades humanas.

“ Se destaca la situación de Río Negro como una provincia expuesta a diversos riesgos naturales debido a las amenazas geológicas como sismos y erupciones volcánicas, a las amenazas hidrometeorológicas tales como inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra (remoción en masa), incendios forestales y de interfase, riesgo de falla de represas (colapso), y otras como los tsunamis lacustres. Frente a los desastres naturales, socio-naturales y antrópicos que se han suscitado en épocas pasadas, la actuación del Estado se ha caracterizado básicamente como reactiva, con una escasa gestión en la prevención de los mismos, lo que ha desembocado en pérdidas y daños innecesarios tanto humanos, como económicos”, agregaron.

Medioroz y Agostino recordaron la erupción en Chile del Complejo volcánico Puyehue - Cordón Caulle que comenzó el día 4 de junio de 2011, y aún continúa, y que ese fenómeno puso en evidencia vulnerabilidades y amenazas naturales desconocidas o incorrectamente ponderadas por su impacto natural sobre la vida y sobre el desarrollo socio-económico de nuestras comunidades de la Zona Andina y la Línea Sur en particular, pero impactando también indirectamente sobre la producción frutícola del valle.

En este contexto debemos destacar que tanto en el desarrollo de las acciones institucionales locales, provinciales y hasta nacionales, como en las experiencias vividas, se ha podido detectar que existen lagunas en el sistema jurídico y que la realidad ha desbordado la capacidad de la organización antes, durante y después para adaptarse a los nuevos retos. Ello significa que es necesario definir nuevas estrategias, llevar a cabo cambios en la legislación para ajustarla a los avances conceptuales y las evidencias científicas en el tema y dar una base jurídica que modernice las instituciones.

Los legisladores comentaron que es absolutamente necesario asumir que el Estado debe proteger la vida y con esta ley intentamos crear un sistema para la gestión de riesgos, prevención, reparación y respuesta a emergencias y desastres naturales, lo que permitirá reducir riesgos y prevenir de desastres, socializar de los planes, programas, proyectos y acciones que se elaboren en materia de prevención/mitigación y dar respuesta efectiva en caso de emergencias y la recuperación rápida y eficaz de las zonas afectadas.

“A la vez, creemos absolutamente necesarios invitar a los Municipios de la provincia a adherir a la presente norma, a cuyo fin dictarán los actos normativos que según el caso corresponda” finalizaron.