Dieguez y Horne afirmaron que “necesitamos espacios donde poder debatir las prácticas autoritarias que se generan a través de la violencia institucional, desnaturalizando patrones opresivos que se producen dentro de las estructuras judiciales”.

 “Tenemos el compromiso del Gobierno Nacional, que desde hace ya una década interpela a la corporación judicial y trabaja permanentemente por construir una Justicia de cara a la sociedad”, destacaron las legisladoras oficialistas y agregaron, “desde el Ejecutivo Provincial, desde esta Legislatura y desde Organismos como el  Comité Contra la Tortura continuamos en esa línea: debatir, indagar, pero por sobre todas las cosas visualizar esta problemática que recae, indefectiblemente, sobre los sectores más vulnerables”.

Por último, argumentaron que “a través de estas acciones, pretendemos erradicar los discursos regresivos y estériles que demandan mano dura o baja en la edad de punibilidad como alternativa a la violencia que nos atraviesa. Intentamos entonces, mediante estas iniciativas,  indagar en nuevos paradigmas de trabajo que nos alejen de las estigmatizaciones y prejuicios, y nos introduzcan en una tarea colectiva que brinde garantías ciertas y equitativas para todos y todas”.

Cabe mencionar que el fiscal Abel Córdoba es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Ha sido asesor legal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. En la Procuración General de la Nación, desde 2009 estuvo a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de estado de Bahía Blanca, desde la cual desarrolló más de un centenar de imputaciones de responsables de crímenes de Lesa Humanidad integrantes de fuerzas armadas, policiales, penitenciarias y también responsables civiles de tales crímenes. La actuación en dicha Unidad Fiscal abarcó instancias de instrucción, apelación y juicio.