La presidente y los legisladores que integran la Comisión expresaron a los asistentes la voluntad política de ir a fondo en la auditoría y proponer alterantivas para una solución.

 En ese sentido, la legisladora Vicidomini, informó que solicitó al fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, que se presente como querellante en la causa penal (iniciada a la entidad gremial) y también que se accionen los mecanismos para resolver sobre la administración del fondo.

 Vicidomini señaló que "hemos puesto en conocimiento de los compradores cuál es el alcance del trabajo de esta comisión, que es el de auditar pero no el de gestionar, y que como legisladores mantenemos el mismo compromiso que tienen el Parlamento y sus máximas autoridades para ir a fondo con esta cuestión".

 Ratificó el propósito de "que el fondo para la vivienda, que tanto ha venido haciendo ruido en estos tiempos, siga funcionando, sea sustentable, llegue a conseguir los fines para el que ha sido creado y le dé la solución a todos los compradores de buena fe que aún no pudieron acceder al título de compra por lo que no son dueños de los terrenos que vienen pagando desde hace tiempo".

 Consideró la legisladora que "ésa es la tranquilidad que les hemos transmitido" y reiteró que la situación "exige un cambio de la administración" ya que "hay una denuncia penal de por medio, hay una investigación en curso y creemos que debe darse un cambio que garantice la transparencia en su destino".

 Vicidomini destacó que las conversaciones permitieron hoy "llevar tranquilidad y seguridad a todos los adquirentes de buena fe, aún a aquellos que compraron fuera del marco de lo que estableció la resolución que creó el fondo, que preveía que sus beneficiarios debían ser únicamente empleados legislativos y de los órganos de control".