"En las condiciones de renegociación, se evidencia la preocupación para asegurar la máxima producción de hidrocarburos en el menor tiempo posible, en un marco donde el factor económico aparece como prioritario y el factor ambiental parece secundario. Pero el Estado debe ofrecer garantías para que el control sobre el impacto ambiental se haga con rigurosidad", explicó Lueiro.

Según establece el proyecto presentado por el legislador del PRO, el equipo técnico deberá contar, como mínimo, con un geólogo, un ingeniero ambiental y un licenciado en Seguridad e Higiene.

Lueiro recordó que actualmente, la Secretaría de Estado de Energía no cuenta con personal capacitado para desempeñar el papel de Autoridad de Aplicación. “Este es un problema de Estado que trasciende a la discusión de Petrobrás”, señaló al tiempo que recordó que “el mismo secretario de Estado de Energía elevó una nota al presidente de la Secretaría de Estado de Energía y la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA) solicitando que se le proporcione  `el servicio técnico para efectuar la revisión de informes ambientales presentados por las operadoras´ puesto que dicha secretaría `no cuenta con el personal especializado en dicha materia´”.

En relación a Petrobrás, el legislador enfatizó: "La firma de un contrato en el cual quien debe controlar no está capacitado supone un riesgo enorme, máxime en un ámbito donde los errores que puedan cometerse, voluntaria e involuntariamente en materia ambiental, puedan ser de consecuencias irreversibles para la naturaleza y los habitantes de nuestra provincia".

Lueiro fue contundente: "En la renegociación de un contrato con una empresa petrolera pueden surgir detalles más o menos importantes en relación a porcentajes de ganancia, planes de desarrollo e inversiones. Cualquiera sea la propuesta, es discutible. Lo que no puede ingresar al terreno de la discusión es el Control y la Fiscalización de lo que una empresa privada hará con nuestro territorio".