Para ATE, la referida resolución emanada de la más alta magistratura judicial, se transforma en una prueba sobre la razón que tenia el sindicato en cada uno de los numerosos planteos y reclamos, que durante los últimos 2 años, realizó ante la referida cartera de gobierno.

La entidad gremial sostiene que la sentencia del STJ es de muy difícil cumplimiento ‎teniendo en cuenta la crisis funcional que atraviesa el Ministerio y el desmantelamiento de la mayoría de las áreas y programas. 

La actual gestión no ha podido arbitrar los medios ‎para dar cumplimiento a las leyes vigentes y garantizar el pleno derecho al desarrollo psicosocial de los usuarios. El Estado rionegrino, por incapacidad o negligencia de sus funcionarios, ha actuado al margen de las leyes nacional 26.061 y provincial 4.109 de "promoción integral de la niñez y adolescencia".

La gestión del Ministro Arroyo, como responsable ejecutivo ‎del organismo proteccional de los derechos de niños y adolescentes, ha provocado un verdadero retroceso institucional, para una provincia que fue pionera en el país, en la implementación de programas de contención de niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

Dada la crítica situación que atraviesa el Ministerio, aunque el gobierno quisiera, no podrá dar cumpliendo en el plazo fijado de 60 días, a todo lo ordenado por la justicia.

Los principales obstáculos están relacionados a la falta de recursos humanos y materiales, como así también un protocolo de funcionamiento que no resulta acorde a las demandas de la realidad.

La listas de espera de niños y adolescentes víctimas mencionadas por el superior tribunal, ‎no van a terminarse en el corto plazo, porque la falta de profesionales y operadores es crítica, pero además no existen otras necesarias herramientas, como oficinas, computadoras, equipos de comunicación, recursos para el transporte de quienes realizan tareas de campo en los barrios y otros. El ejemplo es lo que ocurre en la Delegación de General Roca, donde en la actualidad hay 40 profesionales y un solo equipo informático funcionado. Razón por la cual, los trabajadores se tienen que turnar, utilizando la computadora dos profesionales, por cada una de las jornadas laborales. 

El gobierno no podrá, bajo ningún aspecto, cumplir con las exigencias del fallo, sino cambia de manera inmediata el protocolo de asistencia, que hoy reconoce un sistema de guardias pasivas, solo para situaciones de comisaría y deja totalmente desprotegidos ‎a los niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle u otras instancias como procedimientos judiciales (allanamientos y otros). 

"El reciente fallo del Superior Tribunal es de destacar, le da la razón a ATE, pero resulta de cumplimiento casi imposible de acuerdo a los plazos que se han fijado y a la incompetencia de los principales funcionarios de la cartera", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro, y agregó: "La falta de profesionales y operadores, el desfinanciamiento de programas, el desmantelamiento de áreas completas y un protocolo limitado de guardias pasivas, son los principales obstáculos".

Para finalizar, Aguiar aseguró que: "Río Negro fue una provincia de avanzada en la aplicación de programas de contención de niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulnerabilidad. Ahora enfrentamos uno de los más grandes retrocesos".