En este marco, los vecinos, acompañados por familiares y allegados del joven asesinado, dialogaron con Susana Diéguez, Bautista Mendioroz y Roxana Fernández, tres de los nueve legisladores integrantes de la comisión legislativa, ya que Facundo López, Dario Berardi, Rosa Pereira, Beatriz Contreras, Alejandro Marinao y Silva Horne no acudieron al encuentro. Además, se encontraban presentes varios asesores. 
El primer tema abordado fue el hallazgo y posterior remisión al Ministerio Público Fiscal del informe policial que daba cuenta de una posible organización que facilitaba la fuga y el abuso de niñas y adolescentes del CAINA.

En este sentido, Diéguez ratificó circunstancias ya conocidas, como que esas tres fojas no constaban en la copia del expediente que la Justicia envió a la Legislatura pero que sí estaban en el original.

Por su parte, los vecinos informaron de su reunión con la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, ahora a cargo de investigar los hechos descriptos, poniendo el foco en la preocupación que les generaron los dichos de la funcionaria judicial respecto a que el informe mencionado había reactivado una causa que permanecía”en reserva” desde el mismo año 2008.

Diéguez y sus pares insistieron con que desde la comisión se hizo lo que correspondía, es decir, enviar la documentación a la Justicia y que, por ahora, no tienen mayores novedades respecto al avance de ese expediente. Por tal motivo, los vecinos pidieron que exista un seguimiento de las actuaciones para garantizar la investigación correspondiente.
La reunión derivó luego en las funciones específicas de la comisión legislativa, creada en noviembre del año pasado y puesta en marcha en marzo del presente.

En este sentido, legisladores y asesores explicaron diversos inconvenientes administrativos y burocráticos que, según expresaron, entorpecieron el abordaje inicial del expediente, pero aseguraron que los peritos entregaron ya un primer informe parcial y se espera para los próximos días el análisis completo de la causa.

Señalaron además que el plazo de actuación de la comisión de seis meses, que culmina en septiembre, será prorrogado por otros seis.

Señalada por los vecinos la circunstancia del recambio de parlamentarios en diciembre, los legisladores respondieron que está asumido el compromiso de producir el informe final para noviembre o antes.

Por lo demás, durante el encuentro, los vecinos insistieron con diversos puntos que hacen al reclamo de la comunidad, referidos mayormente al proceso de investigación sobre el expediente de la causa Atahualpa, del cual podrían desprenderse indicios y pruebas relacionadas con las causas actuales de abusos de niñas y adolescentes, más allá, por supuesto, de no perder de vista el objetivo central de la comisión, esto es, revisar una investigación plagada de irregularidades que, se espera, sean advertidas y sus responsables señalados ante las instancias políticas y judiciales respectivas. Los vecinos insistieron puntualmente con sostener una mirada amplia que de cuenta de problemáticas sociales que atraviesan a la comunidad, amenazan específicamente a la niñez y la adolescencia y subsisten en función de complejas tramas culturales e institucionales.